A falta del protocolario acto para la firma de una adenda durante una próxima visita a las Islas del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ayer se puso punto final en Madrid a uno de los conflictos más relevantes que la Comunidad Autónoma canaria ha mantenido en los tribunales con el Estado.
El resultado no puede ser más positivo para el Archipiélago, dado que el acuerdo de ayer garantiza la inversión de los 407 millones de euros que faltaban por garantizar de los fondos que el Gobierno de España, entonces presidido por Mariano Rajoy (PP), dejó de abonar a Canarias tras decidir unilateralmente que no cumpliría con lo comprometido en el Convenio de Carreteras previsto para el intervalo de 2012 a 2016.
Ahí comenzó la batalla judicial que finalmente se decidió en 2018, cuando el Tribunal Supremo ordenó al Estado cumplir con el convenio en cuestión, “no solo respecto a 2013, sino también de los años sucesivos”.
Fue el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, quien anunció ayer el final de este conflicto, tras reunirse, con su consejero del ramo, Sebastián Franquis, con el ministro Ábalos en Madrid. Torres explicó que el próximo lunes se producirá una reunión técnica entre los ministerios de Hacienda y de Transportes para cerrar los últimos trámites. “Pero la adenda está para firmarse y será rubricada en Canarias”, se congratuló el mandatario socialista, en declaraciones facilitadas por la agencia EFE .
Por su parte, Franquis también mostró su satisfacción (“es una gran noticia para dar salida financiera a todos los proyectos de carreteras en Canarias”, dijo), tras lo que explicó que la fórmula acordada pasa por ampliar en dos anualidades de inversión, 2026 y 2027, el convenio actual.
Ahora, el convenio de carreteras 2018-2027 se incrementará finalmente hasta los 1.500 millones de euros, una ampliación de fondos que se calcula que podría generar la creación de más de 5.300 empleos en obras de infraestructura viaria solo en las dos últimas anualidades del convenio. En cuanto al motivo por el que el destino de estos 407 millones seguía en el aire pese a la resolución del Supremo, responde a que no había proyectos en vigor que justificasen la transferencia de los fondos desde el Estado.
En realidad, la deuda aún pendiente del Estado con Canarias por proyectos no financiados y no ejecutados era de 445 millones de euros, pero en 2019 ya se ingresaron a la Comunidad Autónoma 38 millones para obras del anterior convenio, que se ejecutaron cuando este ya estaba vencido, por lo que la deuda pendiente se concretó en esos 407 millones al fin garantizados tras la reunión de ayer en el Ministerio.
Lo cierto es que la reclamación de tal inversión (de por sí relevante, como es obvio, al tratarse de una cantidad tan elevada) no ha resultado nada sencilla para los representantes isleños, hasta tal punto que fue uno de los principales escollos (si no el que más) surgidos durante la negociación entre Nueva Canarias y el PSOE para que el diputado de los nacionalistas, Pedro Quevedo, inclinase la balanza en favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español.
Como posteriormente ha reconocido el propio Quevedo, que adquirió entonces cierta celebridad popular a nivel estatal por haber sido llave desde la etapa de Rajoy, las reticencias del PSOE complicaron enormemente la negociación hasta el punto de poner en riesgo su apoyo, pero al final dieron su brazo a torcer en favor de la comunidad canaria.
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