El varón de 55 años de edad que fue detenido en septiembre del año pasado en Tenerife durante un servicio conjunto de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria que permitió desmantelar, por primera vez en España, una fábrica de armas con tecnología 3D, se encuentra en libertad provisional por orden del juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife como presunto autor de un delito de tenencia de armas prohibidas del artículo 563 del Código Penal y otro de fabricación, comercialización y depósito de armas no autorizado por la ley española del artículo 587.
En información facilitada desde el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dicho investigado (de nacionalidad española aunque formó parte del ejército venezolano antes de la irrupción electoral de Hugo Chávez) tiene que presentarse ante la autoridad judicial dos veces al mes a firmar (lo que se llama obligación apud acta). La intervención del Juzgado instrucción número 3 de la capital tinerfeña se limito a la detención porque estaba de guardia cuando se prestó un servicio del que solo se tuvo confirmación oficial hasta el pasado domingo, tras el levantamiento del secreto de sumario.
Al investigado se le encontraron numerosas armas, pero también explosivos y simbología supremacista y neonazi.
