Europa, Canarias y las condiciones laborales

Cada país miembro acepta las directivas europeas: forma parte del trato.
En nuestro sector primario, la Política Agraria Comunitaria (PAC) distribuye todos los años un importante presupuesto para apuntalar la actividad productiva y complementar la renta de los productores. Del total destinado por la UE a este fin, unos 344 millones llegan a Canarias todos los años: 141 millones para el plátano, unos 90 para el resto de cultivos, la ganadería y la pesca, otros 60 millones para el Régimen Específico de Abastecimiento (REA) y unos 53 millones para el Plan de Desarrollo Rural (PDR) como principales partidas.
El pasado noviembre en las negociaciones del régimen transitorio de la nueva PAC, se consiguió evitar el anunciado recorte del POSEI. Durante este primer semestre seguimos luchando para mantener esos fondos a partir del año 2023.
Pero no solo eso. Queremos que la nueva PAC refleje las condiciones específicas de Canarias y tenga en cuenta los aspectos ambientales, agrarios y socioeconómicos de nuestro territorio insular, fragmentado y con características diferenciadas respecto a la Europa continental.
Vamos bien, aunque nos queda un duro camino hasta llegar al acuerdo final. Y habrá novedades. Hasta ahora la “condicionalidad ambiental” ha sido la protagonista, con subvenciones a cambio de buenas prácticas y de conservar y proteger el mundo rural.
Y para el futuro cercano, la UE planea introducir también la “condicionalidad social” para justificar el reparto de las ayudas. Es decir, que los beneficiarios declaren el empleo y que cumplan con las condiciones laborales.
Una petición con mucho sentido respecto a la compensación que reciben, que se implantó para equilibrar las diferencias en los costes de producción respecto a terceros países, precisamente porque las obligaciones sociales en Europa son otras, más ambiciosas, con mayor cobertura. No se trata de sustituir a la inspección de trabajo, sino de garantizar que el sector cumple con sus trabajadores.
Pedir que los productores justifiquen el trabajo asalariado para recibir las ayudas públicas impedirá las trampas al sistema y la competencia desleal por quienes reducen costes incumpliendo con los derechos sociales.
Veremos cómo lo plantea finalmente la UE y cómo tendremos que aplicar esa “condicionalidad social” a nuestros fondos agrarios.
Desde el Gobierno de Canarias estamos de acuerdo con esta “condicionalidad social”, pero pedimos que se evite una mayor carga burocrática y propondremos un periodo de transición para su aplicación.
Además, exigiremos a la Unión Europea que aplique la reciprocidad en los acuerdos comerciales, no solo sobre el papel, sino que se controle y se certifique el cumplimiento de los condicionantes ambientales y sociales en las importaciones desde terceros países.
La UE avanza y sirve de modelo para el resto del mundo. Implantar esta medida de calado social nos permite cumplir nuestro propósito de alcanzar una sociedad canaria más justa.

*Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias