sociedad

“Hay buena disposición, pero la realidad es que no hay viviendas disponibles”

Las plataformas 29-E y El pueblo tiene hambre celebraron el pasado miércoles la buena disposición mostrada por la directora del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), María Isabel Santana, a la hora de pedirle intermediación frente a los fondos buitre y CaixaBank, así como una solución habitacional alternativa urgente, no solo para las familias que tienen desahucio inminente, sino también para las muchas que lo tendrán en el futuro.
“Encontramos muy buena disposición para intermediar frente a juzgados y entidades financieras por parte de los funcionarios que trabajan en el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi). Pero esta gestión de intermediación son solo soluciones temporales, algunos meses más, hasta que se encuentre un inmueble. Porque la realidad es que viviendas no hay disponibles ni asequibles, aunque sí muchas vacías, y las familias no pueden esperar años a que aparezcan nuevas, y le insistimos desde las plataformas y también las madres afectadas en la necesidad de buscar viviendas entre las que ya hay construidas, propiedad de los fondos buitre, a través del derecho de tanteo y retracto, con una ley de expropiación temporal, poniendo en uso las muchos inmuebles vacíos que tiene Visocan, limitando los precios del alquiler, acotando el alquiler vacacional o presionando a las entidades financieras con la retirada de fondos públicos de sus cuentas bancarias, siendo la mayoría de estas medidas ya puestas en práctica en otras comunidades autónomas y en otros países de la Unión Europea con mejores condiciones sociales y menos falta de vivienda”, expuso uno de los portavoces presentes en la reunión celebrada ayer.
Precisamente ayer, el consejero regional de Vivienda, Sebastián Franquis, explicó en comisión parlamentaria que el Programa Canarias Prohogar se aplica desde el inicio de la legislatura, de forma que, si bien el presupuesto para este año es de 3,1 millones de euros, en 2020 se destinaron al mismo 4,5 millones, y en 2019 se dispuso de 11,6 millones. El objetivo para los tres años es adquirir 265 viviendas para disponer de un contingente con el que atender situaciones de emergencia por desahucios, y añadió que el objetivo es hacer las compras en las dos capitales del Archipiélago, en los municipios de Telde y La Laguna y en los limítrofes a ellos, así como en las áreas más turísticas.
“La compra en esos lugares tiene el problema de que las viviendas son más caras”, reconoció el consejero, quien señaló que se adquirieron 46, que se pondrán a disposición de las personas necesitadas.

TE PUEDE INTERESAR