Por primera vez, y tras 13 años de lucha por parte de las víctimas, se señala a cargos políticos como responsables del accidente de un avión de la extinta compañía Spanair que el 20 de agosto de 2008 se estrelló en el aeropuerto de Barajas (Madrid) nada más despegar con destino Gran Canaria, y que se saldó con el fallecimiento de 154 personas y 18 más heridas, la mayoría de ellas isleñas.
La histórica decisión cobra más importancia aún al ser el fruto del trabajo llevado a cabo por la Comisión de Investigación celebrada por el Congreso de los Diputados bajo la presidencia de la grancanaria Meri Pita (Podemos), que ayer aprobó un dictamen que será elevado al Pleno, en el que se responsabiliza del “fallo sistémico” que provocó el accidente a diferentes cargos del Gobierno asociados al Ministerio de Fomento en 2008, dirigido en aquel momento por la exministra Magdalena Álvarez, en información facilitada por Europa Press.
El dictamen recoge que el 20 de agosto de 2008, fecha en la que ocurrió el accidente, se produjeron una “correlación de factores causantes que concluyen en el trágico accidente”, así como que ese “fallo sistémico” que provocó el accidente es una responsabilidad de los encargados de comprobar el correcto funcionamiento del sistema a través de los medios del Estado y establece un listado de cargos que en 2008 asumían puestos de responsabilidad, tanto en el Ministerio de Fomento como en la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC), Aena y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC). Además de Álvarez, entre ellos se encuentra el entonces secretario general de Transportes y secretario de Estado, Luis Fernando Palao; el director general de Aviación Civil, Manuel Bautista; el jefe de Gabinete de la ministra Álvarez, Antonio Fernández, y Manuel Azuaga, presidente de Aena entre 2004 y 2008.
Hay que tener en cuenta que, cuando se habla de responsabilidades, la comisión entiende que son políticas, limitándose a remitir el fruto de su trabajo a la Fiscalía por si el Ministerio Público pudiera deducir del mismo si también pudieran darse unas responsabilidades penales que los tribunales, en su día, descartaron al cargar la mano sobre los pilotos, fallecidos en el accidente. Eso sí, el dictamen resalta una serie de actuaciones que entienden de mayor interés para la Fiscalía.
Este informe también recoge la actuación tanto de los técnicos de mantenimiento de Spanair, que solucionaron el problema inicial del avión “sin averiguar qué está originando la avería”, como la de los pilotos, que “presionados por el compromiso” de puntualidad de la aerolínea, así como por el ERE presentando por la compañía días antes, no chequearon de manera correcta el sistema de despegue del avión.
Todo ello, sumado al fallo de la alarma TOWS, que no advirtió de la configuración incorrecta, un problema detectado hasta en 72 ocasiones en otros aviones y que Boeing “no ha podido o no ha querido acreditar las causas de estos fallos”.
Asimismo, el dictamen considera que el plan de emergencia de Aena en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas no funcionó correctamente, activándose de manera tardía el día del siniestro. Por ello, señala que en el accidente de Spanair fallaron “todas las barreras de seguridad”.
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