El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto ley de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation EU en el ámbito de Canarias. Entre ellas, se encuentra la tramitación urgente y preferente de los expedientes, con la reducción a la mitad de los plazos de emisión de los informes y dictámenes previstos; simplificación de la gestión de subvenciones; creación de unidades administrativas provisionales con refuerzos de personal y constitución de órganos de gobernanza para la tramitación de esos fondos.
El decreto ley establece un modelo concreto para la gobernanza y la planificación de proyectos financiados por la Unión Europea e incorpora medidas administrativas, de organización de los recursos y de gestión presupuestaria y económica que persiguen contribuir a “una gestión más ágil y eficiente para facilitar la adecuada ejecución de estos fondos y cumplir los objetivos previstos”.
Tal y como detalló en la rueda de prensa posterior el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, los procedimientos administrativos, de gestión presupuestaria, de subvenciones y ayudas, de contratación pública, y demás expedientes de gastos que se tramiten para la gestión, seguimiento y control de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation EU se tramitarán por la vía rápida y se despacharán con carácter preferente. En materia de subvenciones, cabe la opción de otorgarlas por concurrencia no competitiva para las actuaciones que no requieran valoración comparativa con otras propuestas. Se contempla también una regulación de las convocatorias abiertas, más flexible y amplia, por más de un ejercicio presupuestario. Ello no afectará a los plazos de convocatoria pública, presentación de ofertas, subsanación de requerimientos o cualesquiera otros plazos que limiten los derechos de terceros o que no puedan reducirse por aplicación de la normativa básica.
El decreto ley alumbra un órgano que será el encargado de la alta dirección y gobernanza de los fondos, la Comisión de Planificación y Gobernanza, y otro que aprobará y realizará un seguimiento de los planes departamentales, el Comité Director de Planes y Proyectos. El presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, y el propio Román Rodríguez llevarán las riendas.
La autoridad responsable ante la Administración General del Estado será la Dirección General de Presupuestos y la Intervención General controlará los fondos. Se regula, igualmente, la cooperación interadministrativa mediante convenios con vigencia de hasta seis años y de podrá adelantar hasta el 50% para la ejecución de proyectos con cargos a los fondos europeos y mecanismos de colaboración con el sector privado.
Asimismo, se aplicará el tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a determinadas importaciones y entregas relativas a los congeladores para la conservación de las vacunas y en lo relativo a mascarillas y productos sanitarios.
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