A pesar de que el presidente “Torres niega relación entre la crisis migratoria canaria y la avalancha de Ceuta” (DA, 20/5/21), a la hora de responder al conflicto migratorio ceutí el Gobierno de España ha cometido dos agravios comparativos con respecto a Canarias.
En Ceuta se decidió desde el primer momento la presencia institucional, apenas veinticuatro horas tardó el presidente del Gobierno de España en acudir al escenario del conflicto, después de suspender un viaje a París. Canarias lleva soportando una crisis migratoria hace más de diecisiete meses y solo ha contado con la presencia de ministros españoles zombis y descoordinados hasta el día de hoy.
También se ha dado un doble rasero del Ministerio de Derechos Sociales en cuanto al reparto de los 1500 menores no acompañados localizados en Ceuta y los 2641 menores localizados en Canarias. Dicho Ministerio se ha activado, como no se había activado con el problema de Canarias, no solo para convocar una reunión interterritorial de urgencia, sino para incluso elaborar un protocolo de reparto equitativo solidario y estable entre las autonomías españolas.
La migración no es un problema en sí mismo, en buena parte es la consecuencia de una mala política de vecindad con Marruecos, que desde la última crisis de los cayucos, a partir de 2007, ha recibido de la UE unos 13000 millones de euros en programas de cooperación, incluidos los destinados a mejorar el control de los flujos migratorios. Con el conflicto enquistado del Sahara como fondo, donde están primando más los intereses de las grandes potencias, llámense EE.UU., Francia, Israel, que el respeto al derecho internacional [llámese Carta de las Naciones Unidas (1945), Carta Internacional de los Derechos Humanos (1948) y la Carta Magna de la Descolonización (1960)], un derecho internacional que tiene que resolver el contencioso creado por Marruecos y España desde 1975 a través de la fórmula del referéndum propuesto por Naciones Unidas.
Lo que está en peligro es la territorialidad de Canarias, amenazada desde hace tiempo por el Reino de Marruecos y su poderoso Majzen, y durante años lo hemos estado denunciando. No solo por las oleadas migratorias, sino por un Marruecos que ha promulgado leyes que chocan con los territorios marinos de Canarias y vulneran el derecho internacional al apropiarse de espacios ribereños saharianos, un Marruecos que ha producido serias lesiones en los intereses de nuestra flota pesquera al firmar con la UE tratados denunciados por los mismos altos tribunales comunitarios al entrar en ellos asimismo aguas saharianas anexionadas ilegalmente por el régimen alauí. Y ya, en los últimos meses, por acontecimientos provocadores como las Maniobras de la VI Flota estadounidense celebradas en los primeros días de marzo junto a nuestro Archipiélago sin una mínima comunicación a España. Quien no vea en estos hechos una constatación del perfil expansionista de Marruecos es que es ciego.
La espiral de contenciosos con Marruecos debe reconducirse con suma urgencia al lenguaje diplomático a través de las cumbres hispanomarroquíes aplazadas. Y para insistir en eso Canarias tiene a su disposición el artículo 198.3 de su Estatuto de Autonomía donde se nos reconoce la competencia de solicitar del Gobierno del Estado la celebración de tratados o convenios internacionales en materias de interés para Canarias y, en especial, las relacionadas con su situación geográfica.
Al Gobierno de Canarias le pedimos que abandone el espíritu subalterno en su diálogo con el Estado español y se sienta sujeto político activo y corresponsable de todo lo que ocurre a nuestro alrededor.
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