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Bermúdez: “Los ciudadanos de Santa Cruz no somos los más incumplidores de Canarias”

El alcalde de Santa Cruz defiende que la capital no es la culpable del alza de contagios
El alcalde, José Manuel Bermúdez, (c), ayer, durante la reunión de los ayuntamientos de la Isla con el Cabildo y el Gobierno. / DA

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, no está de acuerdo con las medidas tomadas por el Gobierno de Canarias para frenar el alza de casos COVID en Tenerife. El regidor rechaza de plano que Santa Cruz tenga la culpa de los malos datos de contagios, aunque los informes de la Consejería de Sanidad la sitúan en riesgo alto para la incidencia acumulada a 14 días (con 244 por cada 100.000 habitantes), y extremo en la incidencia a 7 días (150 por 100.000 habitantes). La media de Canarias es de 99 a 14 días y 53 a siete días, y la Tenerife es de 170 y 98 respectivamente. Bermúdez insiste en que se está “criminalizando” a los vecinos de Santa Cruz, y que hay otros municipios, que tienen peores datos que los de la capital. También La Laguna, Granadilla o San Miguel se encuentran en esos niveles de riesgo alto y extremo. “Los ciudadanos de Santa Cruz no somos los más incumplidores de Canarias”, defendía ayer a las puertas del Teatro Leal, antes de comenzar la conferencia entre el los 31 ayuntamientos de la Isla, el Cabildo y el Gobierno de Canarias sobre la situación COVID de Tenerife, reunión de la que dijo salió “decepcionado”.

Su ofensiva, también la del PP que cogobierna con CC en Santa Cruz, contra esta medida, y por tanto, contra el Gobierno de Canarias, lleva al regidor a cuestionar los datos científicos en los que, hasta ahora, se ha venido apoyando la Consejería de Sanidad para ir marcando los distintos niveles de alerta COVID, y aplicando restricciones.

El alcalde pide que se suavicen las medidas para la hostelería, porque, según él, no está demostrado que sean el principal foco de contagio, incluso ha ofrecido a los hosteleros los servicios jurídicos municipales si necesitaran de asesoramiento para pelear en el juzgado la medida de la clausura de interiores. Al término de la reunión, en la que el Gobierno rechazó su petición previa de reconsiderar el cierre de los comedores, apuntó que “mañana (por hoy) me voy a reunir con los representantes de la hostelería de toda la Isla. Lo principal es estar al lado de ellos y ver de qué manera podemos ayudarlos”.

Antes de entrar a la reunión también apuntó la necesidad de que “se acelere la vacunación a determinados sectores desfavorecidos de la sociedad”, punto este relacionado directamente con el brote COVID del albergue, que ha obligado a su cierre, el traslado de los usuarios habituales a un hotel, y ya lleva 67 contagiados.

Bermúdez insistió en que “no me creo que nuestro hábitos de vida sean distintos a los del resto de ciudadanos, o que seamos más propensos a hacer botellones que en el resto del Archipiélago. Hay que ser más certeros en el diagnóstico para serlo también en la solución”. Según señaló él mismo al término de la reunión, “el director general de Salud Pública ha dejado muy claro que el origen de este repunte de la pandemia no está ni en Santa Cruz, ni en La Laguna…”.

Bermúdez negó que haya que aplicar medidas específicas para la capital. “Santa Cruz recibe 25.000 coches, aproximadamante 100.000 personas tienen su origen y destino en la capital, que llegan en Titsa y se mueven en tranvía, así que el contagio se puede producir en cualquier punto de la Isla, independientemente de dónde se viva, sin cierre perimetral, se puede producir en cualquier punto”. “Si nosotros cerramos Las Teresitas -continuó-, porque la controlamos, la gente se va al sur o norte donde no hay restricciones. La unidad de medida es la isla, y se está intentando criminalizar a los ciudadanos de Santa Cruz como si fuéramos los más incumplidores de Canarias, y eso no es verdad”.

Su socio de gobierno, el PP, se manifestaba el miércoles en la misma línea. Tanto el primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz Guerra, como el edil de Urbanismo, Carlos Tarife, cargaban contra la decisión del Gobierno de Canarias. El primero advertía de que Sanidad “no nos informa de los lugares de contagio, ni de las profesiones, ni de las aficiones. No nos dicen en qué barrios viven, donde estuvieron, con quién. No nos mandan inspectores, ni los resultados de los rastreos y tienen los santos bemoles de culpar al Ayuntamiento”, expresaba a través de Twitter. Por su parte, Tarife, llegó a calificar de “vergüenza mayúscula” la medida.

“Cero autocrítica”

Desde la oposición, la exalcaldesa socialista, Patricia Hernández, se mostraba tajante con la actitud del equipo de Gobierno, considerando que solo “echa balones fuera” y muestra “cero autocrítica”. “Llevamos semanas viendo como se dispara las incidencia en Santa Cruz y las mismas semanas sin tomar medidas para controlar los contagios, que se disparan incluso en lugares de responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento como es el Centro Municipal de Acogida”.

Añadió que, “cuando debe haber un refuerzo de la policía, elimina la Unipol; cuando debe haber coherencia, cambia de versión tres veces al día; en lugar de seriedad, improvisación; cuando debe sancionar a quien incumple cobra un 1,5% de las multas interpuestas; y cuando debe hacer autocrítica mira para otras instituciones”.

Azorín critica que la falta de control en el albergue haya puesto en riesgo a los vecinos

Desde la Asociación de Vecinos de Azorín, han mostrado su indignación con lo que consideran una falta de diligencia y control a la hora de hace cumplir las medidas de seguridad en el Centro Municipal de Acogida, el albergue, cerrado por un brote de COVID que ya afecta a 67 personas. “Llevamos denunciando desde el comienzo de la pandemia la falta de control, con personas que no guardaban las distancias, sin mascarillas, a las que nadie ha hecho PCR preventivas”, una situación que, añadían, “han puesto en riesgo a todos los vecinos”. Apuntan que “el principal responsable de todo esto es el Ayuntamiento, que no han tomado ni una sola medida preventiva, la gente sin techo les da absolutamente igual”.

Añaden que, a pesar de cerrar el albergue, y llevarse a los usuarios habituales a un hotel al sur, “queda gente tirada en la calle, a la que no le han practicado ninguna prueba para saber si están contagiados. Solo hay que pasar por el parque Manuel Castañeda o por el puente de la piscina municipal, para comprobar que hay varias personas durmiendo en esos sitios”. La asociación considera que el Ayuntamiento no han hecho todo lo posible para evitar situaciones como la del albergue.

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