Cruz declaró la emergencia social el 27 de julio de 2020. En su momento, el alcalde, José Manuel Bermúdez, explicó que esta declaración pretendía agilizar los trámites que se necesitaban para atender a los más vulnerables, evitando así que los procesos administrativos se prolonguen en el tiempo, en el marco de una pandemia que obliga a la respuesta más rápida posible de la Administración. Desde esa declaración, el Consistorio ha aprobado la contratación de más de 4,7 millones de euros usando la vía de emergencia, a través de unos 40 contratos. Estos son los datos que, hasta el momento, ha recabado el PSOE de Santa Cruz, que, junto a UP y Cs, ha presentado una solicitud de Pleno Extraordinario para abordar el volumen de contratación desarrollado por esta vía, poniendo el acento en la necesidad de verificar los controles sobre una herramienta que, según la define la ley, tiene un carácter “excepcional” y debe estar debidamente justificada.
El uso de esta vía lo que permite es que en un mes, desde que se aprueba la emergencia, se pueda tener a una empresa trabajando en el objeto del contrato. Tal y como dispone el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se acudirá a este régimen excepcional, por lo que, a través de este procedimiento, la Administración únicamente puede contratar lo necesario para hacer cesar la emergencia surgida.
En el caso de Santa Cruz, la mayoría de los contratos están vinculados a las necesidades creadas por la pandemia. Así, por ejemplo, se contrató por la vía de emergencia, las obras en las escuelas infantiles de Tara y Faina para adecuarlas al protocolo COVID (111.629 euros), también el servicio de atención a personas en situación de vulnerabilidad social para cubrir necesidades básicas de atención a domicilio tras la COVID (423.168 euros a fecha del 30 de abril), o las obras en los colegios, que supuso que Servicios Públicos invirtiera más de 800.000 euros en una treintena de centros. Otros contratos que también han ido por la vía de emergencia son los de la contratación del servicio de detección, prevención y atención al absentismo escolar (18.000 euros al mes), o el de acogida temprana (16.223 euros al mes), ambos de la concejalía de Educación. El arreglo del techo del Palacio Municipal (200.000 euros) o la ejecución del muro de Las Acacias (500.000), también usan esta vía.
En la lista de contratos con la que trabaja uno de los grupos, el PSOE, todos referentes a la etapa del actual equipo de Gobierno, tras solicitar la información a los distintas áreas, al menos en dos de ellos, los dos del IMAS, aparecen, según los socialistas, sin los informes jurídicos, ni técnicos, que evalúen la emergencia. Se trata de la ampliación del servicio de información y atención telefónica del IMAS, que se aprobó en septiembre del año pasado, con un importe mensual de 8.600 euros, y del suministro de mascarillas higiénicas reutilizables para la distribución a usuarios del Banco de Alimentos, por 28.350 euros. Según el mismo listado, el IMAS es el que más ha hecho uso de este tipo de contratación, con hasta 11 de los 40 contratos, seguido por el área de Recursos Humanos con 10.
Desde la oposición, el PSOE no cuestiona el objeto de los contratos relacionados con la pandemia, pero sí otros como algunos de los realizados por el área de Deportes, “que tiene obras paralizadas, adjudicadas por emergencia, desde hace meses”, o los relacionados con el área de Educación. “Se ha solicitado un Pleno Extraordinario porque entendemos que se debe ser exquisito con el uso de una vía que es excepcional, y hemos detectado, sobre todo en el IMAS, pero también en Educación, que no se está siendo todo lo diligente que deberían”, apuntó la presidenta del PSOE en Santa Cruz, Patricia Hernández.
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