La mediocracia, el libro de Alain Deneault, profesor de sociología en Canadá, es un muy buen análisis de las causas del ascenso de la mediocridad a la dirección y gobierno de instituciones y corporaciones públicas, también privadas, en el presente, lo que da lugar, lo comprobamos a diario, a una tiranía de lo políticamente correcto y a una merma preocupante de la libertad de expresión. Edgar Pisani, director que fue del Instituto del Mundo Árabe de París, pronosticaba tiempo atrás una profecía cumplida: “Sabemos que la democracia, tal y como hoy la vivimos, llevará al poder a hombres y mujeres cuya principal calidad no será precisamente la excelencia, sino la mediocridad. Estamos lejos de aquello que constituía la ambición de las democracias nacientes: que la elección de todos distinguiera al mejor de todos.”
En efecto, en estos años, como consecuencia del ascenso de la mediocridad y de la banalización creciente de los asuntos públicos, se ha ido agostando una de las principales funciones de la democracia: dar sentido a las cosas haciendo a cada ser humano responsable más allá de los estrechos límites de un horizonte cotidiano. Hoy, en plena pandemia, tal sombrío y funesto panorama se certifica a diario cuando nos acercamos a la forma en que se gobierna y gestiona la aguda crisis que estamos sufriendo a nivel mundial con ocasión de la pandemia.
En este contexto, la democracia moderna, hija de la fe en la razón propia de la época de la Ilustración, debiera haber alumbrado una forma de gobierno en la que la racionalidad humana impregnara la función de gobiernos, parlamentos y jueces. La realidad es la que es: concentración del poder y colosales campañas de manipulación y control social como consecuencia de la primacía de la razón técnica y funcional que ha terminado por eclipsar, cuando no arrumbar, la dignidad del ser humano, hoy por los suelos en tantas partes del globo.
Por eso, el gran desafío del presente es alumbrar sistemas educativos que transmitan conocimientos, que pongan a disposición de la sociedad hombres y mujeres dispuestos a contribuir al progreso de sus países con un trabajo bien hecho, responsable y compatible con la defensa y protección de la libertad solidaria. Casi nada.
Otra cosa. El interés general debe estar concretado, detallado, puntualizado en el Ordenamiento jurídico, en la mayoría de los casos en una norma jurídica con fuerza de ley. La idea, básica y central, de que el interés general en un Estado social y democrático de Derecho se proyecta sobre la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos en lo que se refiere a las necesidades colectivas, exige que en cada caso la actuación administrativa explicite, en concreto, cómo a través de actos y normas, de poderes, es posible proceder a esa esencial tarea de desarrollo y facilitación de la libertad solidaria de los ciudadanos.
Hoy, en tiempos de pandemia, el interés general reside en la efectividad del derecho a la salud de los ciudadanos, en que los médicos y personal sanitario disponga de los mejores medios para realizar con mayor seguridad su trabajo, en que la seguridad pública facilite el ejercicio de las libertades por parte de los ciudadanos, en que los poderes y potestades públicas se operen con proporcionalidad. En una palabra, en que el Estado de Derecho y la democracia puedan funcionar adecuadamente, de forma transparente y responsable. Justo lo contrario de lo que acontece entre nosotros.
