*Por Mónica García de Yzaguirre.
Me pregunto qué sentido tiene una campaña en los medios de comunicación destinada a que los ciudadanos pierdan la confianza en el poder judicial, entendido este como los jueces y magistrados que ejercen la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, de forma independiente y con sometiendo exclusivo y pleno a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Me pregunto qué interés existe en confundir a la opinión pública haciendo un totum revolutum en la actuación de órganos constitucionales, como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, que no son poder judicial, para arremeter contra las personas que, como jueces y magistrados, ejercen la jurisdicción de forma cotidiana en la Administración de justicia en nuestro país. ¿Con qué finalidad, tras una actuación concreta de los órganos constitucionales señalados, se etiqueta indiscriminadamente a la judicatura como colectivo con apelativos relacionados con partidos o tendencias políticas, señalando a sus miembros como un enemigo contra el que se debe luchar, de quien se debe desconfiar y que merece la sospecha de actuaciones oscuras, sectarias y poco claras?
¿Quién gana con este tipo de mensajes? ¿Qué se pretende obtener? El miedo y el odio son emociones primarias del ser humano con una inmensa capacidad para determinar nuestra conducta. Fomentar tales emociones y amplificar los sentimientos personales de temor o rechazo facilitando la convergencia colectiva hacia un enemigo común, que representa todo lo malo, en el que se proyectan nuestras frustraciones y descontentos, tiene un rédito fácil de respuesta social irracional. El ejemplo más claro sería el discurso de propaganda de Hitler y el nazionalsocialismo en la Alemania de entreguerras. Por qué se busca en los mensajes, en las redes sociales, en las viñetas, en espacios públicos, generar esa efervescencia insensata del resquemor. Qué intereses políticos o económicos buscan a toda costa la inestabilidad, la reacción violenta, el enfrentamiento. ¿Quiénes son los pescadores en este río?
‘Brexit’
Ejemplo cercano hemos tenido de lo sucedido en Reino Unido con el brexit, de cómo se lanzaron mensajes a la población sesgados, imputando a la Unión Europea y sus instituciones déficits internos del sistema, desviando la atención sobre la gestión de los dirigentes para focalizar contra Europa la pérdida de áreas de bienestar y el descontento de los ciudadanos, curiosamente breve tiempo antes de la entrada en vigor de la Directiva de transparencia bancaria. ¿Qué economías se benefician de la alteración de la convivencia en los países de la UE? La Unión Europea es una potencia económica de peso en el mercado mundial con unos muy altos estándares de protección a sus ciudadanos, un área de blindaje de la democracia, de los derechos humanos, de la división de poderes y de la independencia judicial. ¿Quién saca partido y está interesado en financiar grupos violentos y organizados, en bombardear con continuos mensajes en redes y medios de comunicación incitando a la desobediencia, la discordia y el enfrentamiento? ¿Qué intereses existen en menoscabar las instituciones y el orden constitucional que tanto costó obtener en España?
España es un país magnífico, diverso, plural, con unas gentes extraordinarias, una sociedad solidaria y abierta, número uno mundial en trasplantes de órganos, en tecnología en depuración y desalinización de aguas, o en lucha antiterrorista; un país que, con todas sus carencias en los ranking de educación que elaboran las agencias internacionales, exporta al resto de Europa y al mundo entero profesionales sanitarios, ingenieros y titulados superiores con excelente formación, por exponer tan solo algunos ejemplo. Una tierra llena de buenos productos, de arte, de cultura y de ingenio.
En la estructura de cualquier Estado, la independencia del Poder Judicial es la que, en último término, asegura la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los excesos y abusos de poder. Los Jueces y Magistrados españoles son profesionales de una gran preparación técnica, que realizan su labor desde la independencia y con sujeción al ordenamiento jurídico, especialmente a la Constitución, a los Tratados internacionales suscritos por España, a las normas de la UE y a las leyes aprobadas por el Parlamento, de forma que todas las personas tienen en nuestro sistema derecho a obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos. Las resoluciones judiciales pueden ser impugnadas en instancias superiores y, una vez firmes, son de obligado cumplimiento. Ni la Administración pública, ya sea estatal, autonómica o local, ni los miembros del gobierno, ni los miembros de las cámaras legislativas, ni de otros órganos constitucionales, ni los propios jueces y magistrados que conforman el poder judicial están por encima de la Ley; los cambios legislativos deben adoptarse con pleno respeto a las reglas de juego de las que nos hemos dotado en nuestra Constitución, es fundamento esencial de la convivencia, sin perjuicio del derecho a la discrepancia y de la libre expresión de las ideas.
Sociedad sensata
El ruido de fondo de la beligerancia y el ataque indiscriminado de quienes más gritan no pueden imponerse a la mayoría de la sociedad adulta y sensata de quienes confían en la solidez de nuestra democracia y respetan y defienden las instituciones, a pesar de la diferencia de opinión o de la crítica, signos ambos de libertad y de madurez. No existe tal enemigo, no sirven las etiquetas. La independencia del poder judicial es la garantía última de todos y cada uno de nosotros, esté quien esté en el poder político y sea cual sea nuestra raza, sexo, religión, ideología, condición u opinión.
Quizá es ya hora de dejar de hacer el juego a los pescadores y de apartar los vacuos debates viscerales sobre las ideas, que siempre serán irreconciliables, descendiendo a la tarea racional de encontrar caminos de actuación común y consensuada para sacar adelante codo con codo este gran país, en esta época de tribulación. Quizá es ya hora de enterrar el grito y cultivar el diálogo, de comprender que la Constitución es entendimiento de los diferentes, como exige con mayorías parlamentarias cualificadas en la renovación de instituciones.
Porque, en definitiva, frente al río revuelto, lo más inteligente es el remanso de la democracia.