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Familias acampan frente a Presidencia en una protesta ‘in extremis’ para no perder su techo

Una treintena de afectados por los desahucios pasan la noche en doce tiendas de campaña en el inicio de una manifestación con carácter ininterrumpido y sin fecha final
Inicio de la protesta que se lleva a cabo en plena calle de la capital tinerfeña./ Sergio Méndez

Hanni es una mujer de 49 años de edad que vive con sus dos hijos, uno de ellos mayor de edad y el otro de 10 años. Desde que entró allí en régimen de alquiler, reside en una vivienda ubicada en Cercado Mesa, dentro del término municipal de La Laguna, pero la crisis económica inherente a la actual pandemia se llevó por delante económicamente a esta autónoma, que se quedó sin ingresos prácticamente de un día para otro. Ahora se enfrenta a un desahucio por impago impulsado desde un banco, pero va a luchar contra tanta adversidad.

A pesar de sumar apenas 20 años, Estefania ya conoce de sobra que la vida no es precisamente, un camino de rosas, pero sus actos certifican que la afronta de frente. Se buscó el techo junto a su pareja y su bebé, de apenas un año de edad, en un piso abandonado de Ofra, dentro del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y que su estado actual es mucho mejor que cuando llegaron gracias al empeño que pusieron en ello. Se ganaba los garbanzos como teleoperadora, pero la pandemia acabó por dejarla sin trabajo. Ahora, los ingresos de la familia se reducen a los 215 euros del paro, y un fondo buitre tramita su desahucio.

Cristo tiene 26 años de edad y vive en San Isidro (término municipal de Granadilla de Abona) junto a su pareja y sus dos niñas, de apenas uno y cinco años. A la que todavía es su vivienda entró en régimen de alquiler, pero con la pandemia cerró el hotel donde trabajaba y, tras el paso de los meses, no pudieron hacer frente a los más de 1.000 euros que pagaban cada mes. Les han denegado, la concesión del Ingreso Mínimo Vital porque se toma como referencia los ingresos del año anterior. La dueña de la vivienda le conmina al pago de lo adeudado y a que deje de una vez la vivienda, pero este afectado sostiene que recibe mensajes continuos a este respecto en los que además se le augura, por citar un ejemplo, la pronta visita de miembros de una empresa especializada en desocupar viviendas.

A Gelsai, de 30 años, también le alquilaron una vivienda en Cobasa (Santa Cruz de Tenerife) donde aún vive junto a su hijo de ocho años de edad y al que se le ha diagnosticado un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Dicho alquiler no era tal en realidad, explica, y ahora sufre las consecuencias porque un fondo bruite tramita en la actualidad su desahucio. Ella se ganaba la vida como trabajadora socio sanitaria y limpiadora, pero una vez más fue la pandemia lo que dinamitó su economía familiar.

Dejamos para el final de esta pequeña crónica sobre los actuales afectados por los desahucios en Tenerife a Carla, una joven de 23 años de edad que reside con su pareja y sus dos hijos, uno de ellos un bebé y otro de seis años, en el número 42 de El Tablero (Santa Cruz de Tenerife). Ese inmueble capitalino se ha convertido en un referente, por cuando todos los que habitan el mismo están pendientes de ser desalojados por un fondo buitre. Cuando llegaron al lugar, el edificio se caía a pedazos, pero se encargaron de convertir el lugar en un sitio mucho más digno. Por lo que respecta a la joven, trabajaba de cuidadora hasta que (ya lo habrán imaginado) la puñetera pandemia la dejó sin empleo y hoy subsisten con los 300 que ingresa su pareja.

Todas y cada una de estas personas atendieron a este periódico cuando, a última hora de la tarde de ayer, se aprestaban para pasar la primera noche acampados frente a la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en la capital tinerfeña, en lo que constituye el inicio de una protesta que se ha convocado con carácter ininterrumpido y sin fecha final hasta que, explican los organizadores, las autoridades les ofrezcan formalmente una solución habitacional acorde con su derecho a una vivienda digna.

Esta iniciativa surge desde asociaciones como 29-E, El Pueblo tiene hambre y Derechos y Acción Social, quienes llevan prácticamente un año denunciando públicamente que, pese a la creencia popular, la moratoria decretada desde el Gobierno estatal para frenar los lanzamientos judiciales en las viviendas familiares no ha terminado, ni de lejos, con este tipo de prácticas, generalmente ejecutadas a través de fondos buitres en cuyo accionariado figuran, de modo notable, las entidades bancarias.

“Afecta a personas en municipios de toda la Isla y lo peor es que no sabemos lo qué pasará cuando el próximo 9 de agosto acabe la moratoria”, detalla Lolo Dorta, portavoz de 29-E, “pero de aquí no nos vamos hasta obtener respuestas”.

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