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Intersindical canaria exige mejores rastreos en Tenerife para frenar la pandemia

"Si se quiere realmente contribuir a doblegar la curva de contagios, habrá que dotar de los recursos necesarios al ámbito de la sanidad y de la salud pública", dicen

Intersindical Canaria (IC) ha reclamado este lunes al Gobierno de Canarias que ponga en marcha un plan de choque para frenar el alza de contagios en Tenerife, que “va en ascenso y resulta alarmante”.

Este incremento, señala el sindicato, “quiere achacarse en exclusiva a la relajación de las medidas preventivas por parte de la ciudadanía”, pero en su opinión se debe también a la “indebida reducción” en los niveles de alerta, tal como apunta en sus conclusiones el informe epidemiológico de salud pública de fecha 21 de junio de 2021.

Aunque el incremento pudiera ser atribuible a la variante delta del virus COVID-19, más contagiosa, y el perfil de edad de los afectados se sitúa mayoritariamente entre los 15 y los 30 años, el sindicato apunta a “otras causas”.

Así, detalla que, si bien a los pacientes con sintomatología por COVID-19 que acuden a un centro sanitario público en la isla se les practica prueba diagnóstica que descarte o confirme la infección, y en caso de ser positiva, en un plazo aproximado de 24 o 48 horas se tiene hecho el rastreo de los contactos estrechos, no ocurre lo mismo en el caso de que la persona con sintomatología o asintomático, al entenderse contacto estrecho, acude de forma voluntaria a un centro sanitario concertado o privado, para realizarse el test de antígenos o prueba PCR.

En este último caso, el tiempo real de comunicación de enfermedad obligatoria se dilata, expone IC, “imposibilitando que el rastreo de los contactos estrechos pueda realizarse en un corto espacio de tiempo, dando lugar a peligrosas ventanas donde, posibles portadores no aislados pudiesen contribuir al incremento de contagios”.

SALUD PÚBLICA, “BAJO MÍNIMOS”

El sindicato apunta que el rastreo depende del Servicio de Salud Pública, al cual la Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de la Salud “castigan y mantienen bajo mínimos”, y no de la Gerencia de Atención Primaria.

La consecuencia inmediata, apuntan, “es que la asignación de los casos positivos llega tardíamente al médico de familia, y en un volumen importante se ha perdido un tiempo valioso en el que frenar la transmisión comunitaria, al no tener el trabajo de rastreo finalizado en un margen de 24 o 48 horas, lo que sin duda contribuye al aumento de casos en la isla de Tenerife.

Además, es esta isla la que más peso en concertación sanitaria tiene respecto a las otras, comentan.

Por ello, desde Intersindical Canaria solicitan al Gobierno de Canarias que realice un “estudio exhaustivo” en el que se determinen y se puedan identificar y corregir todos los factores que contribuyan al aumento desproporcionado de casos de infección por COVID-19 en la isla de Tenerife y se aplique un plan de choque con pruebas diagnósticas masivas (PCR) a la población, detección preventiva a través del análisis de aguas residuales, aislamientos efectivos de casos en soluciones alojativas controladas y vigiladas.

EVITAR CRITERIOS ECONÓMICOS

“Si se quiere realmente contribuir a doblegar la curva de contagios, habrá que dotar de los recursos necesarios al ámbito de la sanidad y de la salud pública, incrementar el ritmo de vacunaciones, ampliándolas a los grupos de edad de mayor incidencia actual y proceder a implementar medidas de prevención con sentido y criterio científico, acordes a la incidencia de la pandemia y pensadas para reducir el número de casos y con ello de complicaciones y muertes, que en estos momentos del conocimiento sobre la enfermedad y las medidas, podrían ser evitables”, explican.

Paralelamente, a la aplicación de medidas correctoras, que deben ser vigiladas, instan al Ejecutivo a que “cesen” en la dinámica de tratar de abordar un problema sanitario con criterios puramente legales, donde no existe regulación legal, “o economicistas y totalmente plegados al sector empresarial, poniendo en la misma balanza la presunta recuperación económica, que no es más que la salvaguarda de los intereses de algunos monopolios empresariales, frente a la salud y la vida de los ciudadanos”.

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