La Hacienda estatal y la autonómica andan como tigres, a ver de dónde rascan. El ciudadano es su víctima. Las cartas negras y los correos electrónicos tributarios echan humo, ahora que ha terminado un año fiscal para particulares y empresas, entre junio y julio. Es terrible el cerco. Incluso a empresas que han tenido que cerrar, porque si siguen abiertas la bola se hace montaña, les están llegando cartas y cartas pidiéndoles más dinero. Especialmente la tienen tomada con la reserva de inversiones de Canarias, que es algo que no le gusta nada a la Agencia Tributaria estatal. Se pagan más impuestos que en Alemania, según un reciente estudio, aunque la diferencia está en que en Alemania se notan los impuestos y en España no tanto. Quería llamar la atención sobre este asunto, aunque ya sé que cualquier queja ante Hacienda se hace infructuosa. Pero digo más. Se trata de los negacionistas, los que no se quieren vacunar contra el Covid-19. Con tanta ley que promueve el Gobierno, debería aprobar una norma que establezca que no hay devoluciones de la renta para los que se nieguen a ser vacunados. Y que los funcionarios negacionistas no cobrarían sus nóminas, o al menos en su totalidad. No sé si esto será constitucional o no, pero si es constitucional una derivación de responsabilidad hacia el administrador de una empresa por las deudas de esa empresa, ¿por qué no derivar la responsabilidad sanitaria hacia quien pone en riesgo muchas vidas negándose a recibir una vacuna que va a salvar la suya y la de los otros? En los Estados Unidos se están estudiando medidas contra esa gente irresponsable; en Francia se va a exigir certificado de vacunación para cualquier gestión ante la Administración. ¿Qué ocurrirá en España? ¿Nos vamos a someter los ciudadanos conscientes a una panda de irresponsables suicidas? No sé, díganmelo ustedes. Esta es la otra garra del tigre.
