J.B/Agencias
Día interesante de comparecencias en el Parlamento canario. Varios temas servirían para abrir este artículo. Así que nos quedemos con que el Gobierno español no ha mandado para Canarias una parte del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) para poder ayudar a Canarias en la atención de los menores migrantes. Así lo contó ayer en comisión parlamentaria la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana. Ya que el Gobierno central no legisla para crear un mecanismo que obligue a todas las comunidades a arrimar el hombro con los menores, al menos que suelte la pasta.
De esto se enteró Santana en una reunión con el Ministerio de Derechos Sociales donde la Dirección General de Migraciones de la U.E advirtió de que una parte del dinero debía ir para los menores. El cuidado de este colectivo le sale a Canarias unos 70 millones de euros anuales, después de que se hayan tenido que habilitar 30 recursos tras la crisis migratoria. Entre 2014 y 2020, España recibió 437 millones con cargo al FAMI.
La cosa es tan delicada que ni siquiera hizo sangre la diputada de CC, Cristina Valido, quien afirmó que el Estado ha dejado “sola” a Santana con un “serio problema”. Y que en Ceuta estuvieron raudos y veloces desde el Gobierno central. Aunque no piense lo mismo la Fiscalía, que ha denunciado las pésimas condiciones de alojamiento de una buena parte de estos menores en la ciudad norteafricana. Valido le preguntó ayer a Santana con qué ratios de personal trabaja la Consejería para darle a los menores un entorno razonable de formación y bienestar. Hay dos educadores por turno, contó Santana. Una coordinadora, una trabajadora social por cada 40 menores, un psicólogo por cada 50 o 100, “dependiendo del lugar”, y un auxiliar técnico educativo por cada seis-ocho. La media es de 16-17 años. Y cuanto más jóvenes, mejor se adaptan a realidad de los centros escolares canarios.
Santana tuvo que hablar más de migración. Pero canario-venezolana. La consejera aseguró que no van a recuperar la paga extraordinaria que recibieron hasta el año pasado algunos canarios retornados de Venezuela que no podían cobrar su pensión porque el régimen chavista no se la pagaba. La consejera aseguró, en respuesta a una pregunta del diputado del PP Juan Manuel García Casañas, que solo 30 personas la pidieron en 2020. Y que la mayoría de los canarios afectados ya pueden solicitar la pensión no contributiva. Y, en caso de extrema vulnerabilidad, la Prestación Canaria de Inserción. Desde el Colectivo Solidaridad Venezuela le respondían por la tarde que la burocracia ralentiza la concesión de las prestaciones.
Dependencia
La dependencia es un anegado campo de batalla donde Podemos prometió ganar la guerra cuando tocara poder y apenas ha avanzado posiciones. Según la consejera, porque al llegar a la Consejería había 5.228 expedientes “abandonados”. Así se lo explicó a la diputada socialista María del Pino González, que fue la que le hizo la pregunta. Fuego amigo que le permitió decir a Santana que esa es la razón por la que el tiempo de espera ha aumentado durante su gestión, un dato demoledor recogido en un informe el diputado del Común, Rafael Yanes. “Sinceramente, nos genera un alto grado de frustración”, afirmó Santana, aunque cree que “se ve cierta luz al final del túnel”. Este año, en el que se ha contratado a 100 personas para mejorar el sistema, el número de valoraciones ha subido a 467, frente a las 258 del pasado año, las 290 de 2019 y las 238 de 2018.
Llegó el mediodía y aparecieron los temas educativos. Y la consejera de Educación, Manuela Armas, anunció que los departamentos de Educación y Sanidad preparan un estudio para saber “qué está pasando”, tras detectar un aumento de problemas de salud mental en niños y jóvenes que podrían derivar del confinamiento y la pandemia. Armas se refirió a este asunto durante su comparecencia, a petición del PP, para hablar sobre políticas de discapacidad. El diputado popular Carlos Ester aseguró que esta cuestión “cojea” en el departamento. Y Manuela Armas desplegó un arsenal de datos sobre programas donde se atienden estas situaciones del alumnado. Luego, Vidina Espino, de Cs, le dijo que cómo se va a mejorar la situación si la Consejería va renunciar a los profesores covid. Y la consejera le respondió que eso no lo sabía ni ella ni nadie, porque la situación es volátil con el virus, así que mejor no crear “una incertidumbre innecesaria en la gente”. La diputada de CC Cristina Valido se preocupó por el futuro de estos alumnos cuando acaban la etapa escolar. Algunos interrumpen su formación y desarrollo porque tienen que esperar a una plaza en un centro. Y sus familias tienen que atenderlos y abandonar a veces sus trabajos.
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