La ocupación de viviendas en nuestro país continúa siendo polémica debido a las supuestas incongruencias legales que marcan la situación actual.
A este respecto, la Policía Nacional ha distribuido una guía que indica cómo no se debe actuar en caso de sufrir este tipo de invasión. Evitar cortar la luz, el agua y el gas o impedirles el acceso al domicilio son algunas de las acciones que, paradójicamente, podrían constituir un delito para el propietario.
Una normativa que ha provocado la indignación de la ciudadanía. De hecho, la Asociación Vecinal ‘Defiende Horche’, que está movilizando contra este fenómeno, ha denunciado “un sinfín de delitos como robos, hurtos, amenazas, intentos de agresión, vandalismo, tráfico de drogas, o cómo las propias viviendas eran anunciadas en portales inmobiliarios a 1.200 euros con derecho a luz y agua gratis”.
En este sentido, agentes del citado cuerpo policial desarticularon este año una banda criminal dedicada específicamente a la ocupación de inmuebles en la provincia de Málaga.
Pese a que la mayoría de los okupas entran en pisos deshabitados pertenecientes a bancos o fondos de inversión, también existen casos que ocurren en viviendas de propietarios.
