La Constitución consagra la igualdad de los ciudadanos ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, pero una cosa son los propósitos y otra las realidades. Tras la pandemia o en medio de ella, las desigualdades se mantienen cuando no crecen. Pese a algunas medidas del Gobierno -y también por su falta de actuación en otros casos, como la subida de la electricidad o la no llegada de subvenciones y ayudas a quienes las necesitan-, hay muchos ciudadanos que se han empobrecido aún más y han visto limitado su derecho a vivir con dignidad. La economía crece, pero hay muchos más españoles que malviven bajo el umbral de la pobreza.
La gestión normativa de la pandemia, intencionalmente abandonada por el Gobierno central en manos de los gobiernos autonómicos y de los jueces, sin una norma clara, ha hecho desiguales a los ciudadanos españoles porque mientras en algunas comunidades los tribunales han respaldado la exigencia del pasaporte COVID para determinadas actividades, en otras lo han rechazado provocando inseguridad jurídica, caos y desconcierto de empresarios y ciudadanos y una imagen de España realmente tercermundista.
No es lo mismo formar parte de una comunidad como Cataluña o el País Vasco que de otras como Castilla y León o Extremadura. Con los del primer grupo, hay conversaciones bilaterales entre Gobiernos, traspasos de competencias e inversiones extra que salen de los impuestos que pagamos todos para proyectos de dudoso futuro, mientras que con los demás no solo no hay cogobernanza real sino que hay intentos de castigar a los disidentes con impuestos de dudosa legalidad. Algunos quieren que Madrid pague por lo que sus ciudadanos han votado. La España multinivel, el último invento de Pedro Sánchez es una España de conveniencia comprada para sujetarse en el poder. Una España aún más desigual.
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