Desahuciada en Santa Cruz una pareja de 93 y 87 años, junto a su hijo de 60

A sus 93 y 87 años han vivido en los últimos años una montaña rusa de cambios y emociones. La última jugada del destino ha sido un desahucio de la casa en la que vivían en Santa Cruz desde hace dos años, el mismo tiempo que llevan en Tenerife procedentes de Venezuela, de donde su hijo Edgar, de 60 años, los sacó ante el empeoramiento de la situación social en aquel país. Este jueves, una comisión judicial recogió las llaves del piso en el que esta pareja de ancianos vivía junto a su hijo. Afortunadamente, los servicios sociales del Ayuntamiento los han acompañado en este camino, y ya están a salvo en un recurso de emergencia de la mano de Provivienda, entidad con la que Santa Cruz mantiene un convenio. “Ahora están excelentes, porque de estar con unos nervios de no saber qué va a pasar, han pasado a saber que vamos a tener casa. Estoy muy agradecido por la ayuda recibida”, contaba su hijo Edgar a DIARIO DE AVISOS.

Y es que este vecino de Santa Cruz quiere destacar el sistema de protección social al que ha tenido acceso, y que ha evitado que finalmente tuvieran que ir al albergue o directamente a la calle. “Es cierto que la inmobiliaria no se portó bien, que no atendió a la situación que estábamos viviendo, pero gracias a los servicios sociales y Provivienda, ahora nosotros estamos bien, y eso es lo que la gente tiene que saber, que hay recursos, que pidan ayuda”.

Y es que Edgar y sus padres se quedaron sin ingresos durante la pandemia, al perder el primero su empleo. Justo antes de que decretaran el confinamiento ya había solicitado las pensiones de retornados para sus padres, y él había conseguido tramitar la PCI. Pero con la llegada de la pandemia todos los trámites se pararon. “Yo sí empecé a cobrar mi ayuda y ofrecí ir pagando de a poco la deuda, pero no quisieron, y fueron al juzgado, que terminó en desahucio”. Insiste Edgar en quedarse con lo positivo, que es que sus padres empiezan a cobrar la pensión el mes que viene, y junto con la suya, podrán acceder a una nueva vivienda. “Si hubiera pedido un deseo, no me hubiera salido como me salió”, concluye Edgar.

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, la concejala responsable de Acción Social, Rosario González, explicaba que, “ya habíamos trabajado con ellos desde que les llegó el primer aviso de desahucio. En ese momento elaboramos un informe de vulnerabilidad social de la familia y lo enviamos al juzgado. Ella 87, el 93, y el hijo de 60, y sin ningún tipo de ingresos”.

Sin embargo, no fue suficiente. “Finalmente, el juzgado, a pesar del informe, emitió la orden de lanzamiento, que fue para este jueves. La comisión judicial nos lo notificó, y ofrecimos un recurso alternativo. Así que, ahora, están en un piso con un proyecto de Provivienda”, añadió la concejala.

Según González, estiman que puedan estar unos tres meses en este alojamiento temporal. “Ellos ahora tienen la posibilidad de poder recibir una prestación por inmigrante retornado, y estamos trabajando en esa línea, para que con esos ingresos, y alguna PEA de alquiler que nosotros podamos aportar, puedan buscar un piso”.
La concejala llama la atención sobre este caso que es un ejemplo de los muchos a los que se está enfrentando el Ayuntamiento a pesar del decreto de moratoria en los desahucios que aún está en vigor. “En este caso teníamos una plaza en este recurso de emergencias, pero de no ser así, estas personas tendrían que haber ido al Centro Municipal de Acogida, y desde luego, no creemos que ese perfil, dos ancianos, sea el adecuado para el albergue”.

Por eso, apunta la concejala, “pedimos al Cabildo que habilite recursos sociosanitarios de emergencia, porque aunque esté el decreto de moratoria estos se siguen produciendo, con un nivel elevado de ejecución”. “Si se acaba la moratoria -continúa- vamos atener un serio problema, porque no disponemos de tantos recursos de emergencia, y eso que este año lo hemos incrementado. Pero solos no vamos a poder, es un tema que sobrepasa el área municipal”. Admite González que están “asustados” ante la posibilidad de que no haya prórroga del decreto. “Ya en febrero advertimos que estábamos atendiendo una media de cinco desalojos por semana, estamos muy preocupados, por lo que puede pasar sin moratoria” añadió.

Santa Cruz tiene a 29 familias en recursos de emergencia

La capital, en la actualidad, tiene a un total de 29 familias alojadas en pisos de emergencia, fruto de los convenios que mantiene con entidades como Provivienda o Nuevo Futuro. También cuenta con otros recursos alojativos que, incluyendo al Centro Municipal de Acogida, dispone de 133 plazas con pisos de autonomía, Centro de Mínima Exigencia, pensiones o el piso de apoyo a la autonomía para jóvenes en situación de vulnerabilidad social que gestiona la Fundación Don Bosco. González insiste en la necesidad de que otras administraciones colaboren con los municipios porque “solo no podemos”. “Sin moratoria, no sabemos qué vamos a hacer”.