El 4 de septiembre de 2020, se publicó el decreto del Gobierno de Canarias 14/2020 por el que los ayuntamientos pasaban a tramitar las propuestas de sanción por el incumplimiento de las medidas de prevención contención frente a la COVID-19, independientemente del cuerpo de seguridad que las impusiese. Desde entonces, y hasta el 24 de septiembre de este mes, Santa Cruz de Tenerife ha registrado un total de 10.259 actas, de las que se han tramitado ya casi la mitad, 4.825, y se han cobrado 794 sanciones. Este es el resumen de un año de sanciones en el que las más numerosas son las relacionadas con el no uso de la mascarilla (1.808) e incumplir el toque de queda mientras estuvo vigente (820). La mayoría de las actas por no llevar mascarilla se impusieron entre los meses de septiembre y diciembre de 2020, que suponen casi el 70% del total. El número de este tipo de infracciones sancionadas fue disminuyendo en los meses siguiente, hasta registrar solo cuatro en agosto y dos en este mes de septiembre. Descenso lógico si se tiene en cuenta que desde julio no es obligatorio llevar mascarilla en los espacios al aire libre.
En cuanto al incumplimiento del toque de queda, el mayor número de sanciones se impuso entre enero y marzo de este año (481), descendiendo a medida que se suprimió esta medida también en el mes de julio.
El botellón se convierte en la tercera infracción más sancionada, con hasta 805 actas registradas por este motivo. Aquí, el consumo de alcohol en la vía pública siempre ha estado prohibido, por lo que el número de actas es dispar a lo largo de los meses. Entre septiembre y diciembre de 2020, se levantaron hasta 409 propuestas de sanción, frente a las 73 del primer trimestre de este 2021. La cifra volvió a crecer entre abril y junio (93), hasta alcanzar las 152 actas en el mes de julio. La eliminación del toque de queda y la ampliación de los horarios de cierre de los locales parece haber influido en la reducción de este tipo de infracción en los meses de agosto (36) y septiembre (42).
En este ranking de infracciones, el cuarto con más actas es la organización y promoción de eventos no autorizados (165), seguido por el incumplimiento de las normas de seguridad (158), las reuniones de más personas de las autorizadas (126) y los incumplimientos de los horarios de cierre (100).
En cuanto a las sanciones impuestas por los distintos Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, la Policía Nacional es la que más actas impuso con el 53%, seguida por la Policía Local (41%), Guardia Civil (5%) y Policía Canaria (1%).
Por tanto, el número de actas total se estiman en 10.259 hasta el 24 de septiembre, de las que cerca de una decena se han tramitado por el procedimiento abreviado simplificado. El resto, 4.825, han seguido el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, lo que supone el 47 % del número total de actas.
Desde el área de Servicios Públicos, que dirige Guillermo Díaz Guerra, se apunta que se están tramitando las actas por orden de fecha en que se emite la denuncia a partir de la entrada en vigor del Decreto ley 14/2020, con independencia de la autoridad que la emita.
Recaudación
Hasta el momento se han recaudado 788 sanciones por el procedimiento administrativo común, mientras que por el procedimiento abreviado simplificado se han recaudado seis, por lo que la cifra total de sanciones cobradas es de 794, el 16% del total tramitado. El importe de las sanciones van desde los 100 euros hasta los 3.000 de las infracciones leves; de los 3.001 hasta los 60.000 de las graves; y de los 60.001 hasta las 600.000 de las muy graves.
Prescripción de un año, dos o tres en función de la gravedad
Servicios Públicos apunta que la recaudación de las sanciones se encuentra en periodo de pago voluntario, con propuesta de resolución, encontrándose la mayor parte en periodo de alegaciones, de la que, hasta el momento, se han registrado 279. Hay que recordar que la vigencia de estas sanciones es de un año para las de carácter leve, como por ejemplo el uso de mascarilla; de dos para las graves (botellones de más de 10 personas o la organización y promoción de eventos o cualquier tipo de acto que no hayan sido autorizados y en los que haya más de 20 personas y hasta 200); y de tres años para las infracciones tipificadas como muy graves (reincidentes).
