
El Gobierno canario confía en que los cambios que piensa establecer el Ejecutivo central en el impuesto de sociedades, con un mínimo de tributación del 15%, no afecten a Canarias. Así lo aseguró ayer el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde recordó que cualquier modificación a la baja del Régimen Económico y Fiscal de las Islas provocará un rechazo unánime del Parlamento.
Olivera espera que no ocurra como en los presupuestos de 2019, que finalmente no se aprobaron, pero donde se introdujo una modificación similar que sí afectaba a las deducciones y bonificaciones específicas de Canarias. “Hemos advertido [al Gobierno central] de nuestra preocupación al respecto y confiamos en que no afecte a nuestro REF”, afirmó. El viceconsejero afirmó que, aunque las cuentas estatales no se conocerán públicamente hasta el próximo miércoles, las conversaciones interdepartamentales con Madrid permiten esperar que “sean satisfactorios” para las Islas. De igual manera, defendió que la nueva ley de vivienda que se prepara el Ejecutivo central intervenga en el mercado cuando está “distorsionado”, pues el “mercado de la vivienda no es un mercado cualquiera”, sino que afecta a las posibilidades que tienen los ciudadanos de tener una vida digna.
Durante la rueda prensa, Olivera anunció la aprobación del proyecto de ley de Economía Social, que pasará ahora al Parlamento y que pretende darle un “impulso” al tercer sector, convirtiéndolo en un motor de desarrollo y creación de puestos de trabajo al mismo tiempo que se promueve “la sostenibilidad económica y social”. El Ejecutivo también aprobó destinar 26.681.248 de euros a prorrogar la contratación del suministro de material de protección individual frente a la COVID en los centros sanitarios del Servicio Canario de la Salud; acordó el gasto de 7.713.194,01 euros en la contratación centralizada de un suministro de combustible con destino a los hospitales del Servicio Canario de la Salud, y aceptó tres subvenciones a la Fundación Canaria Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y al Instituto Tecnológico de Canarias para fomentar proyectos de biotecnología azul y tratamiento de aguas, por un importe total de 2.319.899 euros.