Justo el mismo día que los miembros de la Acampada por una vivienda digna se manifestaban en Santa Cruz, exigiendo ser oídos por el Gobierno de Canarias, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) daba la razón al Ayuntamiento de Santa Cruz en su pretensión de levantar la acampada de la plaza Candelaria alegando que carecen de autorización para ocupar el espacio público. Tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS, el alto tribunal canario, al que la Acampada recurrió al considerar que se estaba vulnerando su derecho a la reunión y a la manifestación, considera que la orden municipal no vulnera derechos fundamentales.
Según el auto al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, el TSJC procede a la inadmisión del recurso por vulneración de derechos fundamentales al entender que “el acto recurrido se limita a efectuar un control del uso del dominio público local y no a prohibir o modificar el ejercicio del derecho de manifestación que consta comunicado a la Subdelegación del Gobierno cuya resolución de 27 de octubre de 2021 advierte expresamente del cumplimiento del artículo 79 de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 y demás
disposiciones concordantes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de cuyo cumplimiento no exonera el derecho de reunión y manifestación”.
El TSJC estima que la impugnación contra la decisión del Ayuntamiento de desalojar la acampada “habría de procesarse por el procedimiento ordinario ante el Juzgado que es el objetivamente competente para enjuiciarla”.
Ante este fallo se podrá interponer un recurso de reposición. Mientras, el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene vía libre para seguir tramitando el expediente que le permita desalojar la plaza de la Candelaria por carecer de permiso de ocupación de la vía pública, sin que eso impida que los manifestantes sigan en aquel espacio ejerciendo su derecho, aunque ya sin el apoyo de las casetas de campaña.
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