Engañan a jóvenes estudiantes para hacer de testaferros en el fraude del CEO

Los ciberdelincuentes se actualizan ante la reacción de la Justicia y ahora captan a incautos con falsas ofertas de trabajo, que se enfrentan a penas de seis años de cárcel

El esfuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para actualizarse es notable. DA

La ciberdelincuencia sigue revolucionando a marchas forzadas el mapa de la criminalidad en todo el planeta, especialmente en los países del primer mundo como España, cuyos juzgados carecen, por lo general, de medios para afrontar este cambio radical en los modus operandi de quienes prefieren actuar al otro lado de la Ley, mientras que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado resisten como buenamente pueden a este ataque frontal contra la ciudadanía.

Desde Sirvent&Granados, bufete tinerfeño especializado en estos casos y colaborador habitual de este periódico, sus responsables del Departamento en Nuevas Tecnologías advierten de las novedades detectadas a través de sus clientes en estafas como la del CEO, todo un clásico (dentro de lo reciente de este fenómeno) que consiste en suplantar la identidad digital (correos y similares) de un socio de la empresa para que se le abonen los servicios prestados en otra cuenta y quedarse con el dinero.

Hasta ahora, para ello se usaba como testaferros a personas sin hogar y similares, pero sentencias como la publicada en DIARIO DE AVISOS referente a un caso de Valencia, donde se hace responsable a la entidad financiera por no comprobar que el IBAN no corresponde con el titular designado para cobrar los servicios, han motivado que los delincuentes perfeccionen sus métodos.

Como explican desde el bufete, “nos han llegado nuevos casos en que se pone la cuenta falsa a nombre del propio banco en el afán de disimular el engaño durante el máximo tiempo posible, pero más preocupante aún es que también se está captando a jóvenes estudiantes que, por un módico salario y en la creencia de que están tramitando ayudas europeas a cuenta de la pandemia, facilitan ingenuamente su identidad para estas operaciones. Tenemos ya un caso radicado entre Canarias y Vigo donde, si finalmente se actúa penalmente contra el joven implicado podría afrontar una pena que va desde uno a seis años de cárcel, mientras los verdaderos responsables de esta actividad criminal se van de rositas”.

Hay que recordar que “la ciberdelincuencia se disparó durante la pandemia hasta tal punto que el aumento con respecto a 2019 fue de casi el 32%. Es un fenómeno al alza que representa ya el 16% de todos los delitos que se cometen en España”, indica.