Varias comunidades autónomas de distinto signo político comenzaron a presionar a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para que coordine a nivel estatal la implantación del certificado COVID para acceder a determinados espacios, de modo que se pueda dar amparo jurídico para tomar una medida que ya ha sido tumbada con anterioridad por varios tribunales superiores de Justicia. Diez comunidades, Aragón, Canarias, Murcia, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra, Galicia, Andalucía y Castilla y León, están estudiando implantar el pasaporte COVID para acceder a determinados espacios.
En concreto, Andalucía, Castilla y León, Aragón o Galicia han pedido ya la intervención de Darias para que elabore una estrategia nacional en torno al certificado COVID, y que, de esa manera, las regiones eviten tomar otras medidas relacionadas con las restricciones de horario o aforo. La propia ministra defendió que las regiones tienen un “camino abierto” para solicitarlo basándose en una resolución del Supremo.
Desde las comunidades se reclama una estrategia estatal para dar seguridad jurídica a esta medida y no se genere “inequidad”, tal y como afirmó el consejero de Salud andaluz, Jesús Aguirre. El presidente de Aragón, Javier Lambán, pidió a Darias que “acentúe su sensibilidad” para dar cobertura legal a las comunidades. En el caso del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández, reclamó al Gobierno que “ejerza su liderazgo” con el fin de “coordinar” a las autonomías. Y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez, demandó un “respaldo legal” y “cierta homogeneidad”.
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