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Evelyn Alonso sigue con escoltas pese al archivo de la denuncia por amenazas

El PSOE critica que el Ayuntamiento de Santa Cruz se haya gastado en el servicio de protección de autoridades 362.000 euros hasta octubre
El Pleno extraordinario abordó el uso del dinero público. Sergio Méndez

La crispación entre el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz y la oposición sigue en aumento a cuenta de los escoltas de la concejala Evelyn Alonso, que ayer constató que mantiene el servicio de protección de autoridades porque sigue vigente el informe elaborado en su momento que así lo determinó. Al menos esta fue la respuesta de Alonso durante el Pleno extraordinario solicitado por Cs, UP y PSOE para abordar el gasto de 500.000 euros anuales que sostienen los socialistas cuesta el determinado servicio tanto para Alonso como para el alcalde, José Manuel Bermúdez. Una respuesta que la edil de Seguridad dio desde su despacho, ya que no asistió físicamente al Pleno. De momento, y según la respuesta dada por Recursos Humanos al PSOE, ese gasto ascendía, a fecha de 31 de octubre, a 370.000 euros.


La exalcaldesa Patricia Hernández puso en cuestión un informe que está firmado “por el escolta al que más horas extras se le ha pagado trabajando con usted. Un informe que no cumple con los requisitos mínimos legales para darlo por bueno”. Hernández acusó a Alonso de hacer “dispendio del dinero público”, por lo que “pediremos explicaciones donde proceda. No vamos a consentir que se regale ni un solo euro de dinero público a un servicio que no se debía de prestar”.


Ante la avalancha de críticas, Evelyn Alonso se limitó a responder que entre la oposición “no hay ningún experto en seguridad, por lo que estamos ante un debate de opiniones”. “Ustedes no deciden si debo llevar escolta o no, y mientras sea así, por mucho que pataleen, seguiré teniendo escolta si el responsable así lo decide”.

Emmasa


El otro gran asunto abordado en el Pleno fue el estado en qué se encuentra la reclamación del Ayuntamiento de Santa Cruz a Emmasa para que esta solicite a su vez a su matriz, Sacyr, la devolución de los más de 33 millones de euros que ha venido cobrando en concepto del canon de 59 millones que abonó cuando se privatizó la empresa. El concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, explicó que, tras varios requerimientos a Emmasa para que iniciara esa reclamación del dinero, en estos momentos se encuentran a la espera de que la citada empresa reciba el informe jurídico que ha encargado para saber cómo cumplir con el mandato.


Además, apuntó que se está negociando un nuevo plan de inversiones (ya van cinco tal y como recordó el concejal del PSOE José Ángel Martín), así como que se responderá en breve al informe de desequilibrio financiero presentado por Emmasa.


Díaz Guerra reconoció que con respecto al contrato original de privatización, las expectativas no se han cumplido ni por un lado ni por otro. “El acuerdo decía que Sacyr invertiría en Santa Cruz 165 millones de euros en 25 años, y que a cambio obtendría un beneficio de 225 millones. La realidad es que ha invertido 63,3 millones hasta diciembre de 2020 y el beneficio que ha obtenido es de dos millones”.

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