ANPE Canarias ha solicitado que la vacunación de los niños contra la COVID-19 se lleve a cabo preferentemente en instalaciones sanitarias o habilitadas para ello y no en los centros educativos.
El sindicato considera que desde el punto de vista logístico es más oportuno que la inmunización de los menores de 5 a 11 años se realice en espacios acondicionados para ello, tal como se ha hecho con el resto de la población.
La central sindical entiende que este procedimiento debe estar liderado y gestionado en su totalidad por personal sanitario y, además, ha de realizarse en espacios preparados para ello.
No obstante, opina que, en el caso de que sea indispensable recurrir a las instalaciones educativas, la vacunación nunca deberá coincidir con la jornada escolar y los padres o tutores legales tendrán que estar presentes ante la posibilidad de que se produzca cualquier reacción o efecto adverso.
La organización recuerda que si la vacunación se acometiese en centros educativos, “el procedimiento exigiría contar con autorizaciones de todas las familias en tiempo y forma, algo complejo de gestionar, más aún en centros con una matrícula elevada”.
Asimismo, advierte de que puede haber conflictos con estas autorizaciones en familias con progenitores separados, “lo que ocasionaría problemas añadidos para el colectivo docente”.
“Entendemos que bajo ningún concepto un centro educativo debe encargarse de gestionar los permisos de vacunación, es un tema extremadamente delicado del que deben encargarse las autoridades sanitarias”, alerta Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.
Por otro lado, el sindicato teme que los alumnos que no se vacunen puedan ser estigmatizados por este hecho y ello derive en problemas entre los compañeros de aula y las propias familias.
“Acometer la vacunación en los centros educativos no garantiza la confidencialidad de la inmunización y puede dar lugar a situaciones complicadas de gestionar por el profesorado”, advierten desde la organización.
Asimismo, según han sugerido las autoridades sanitarias, la inmunización de este colectivo debe establecerse en función de las patologías que presenten los alumnos y alumnas y su vulnerabilidad ante la enfermedad, una priorización que también corresponde fijar al personal sanitario.
Esta suma de factores hace que el sindicato reclame al Gobierno central y a los autonómicos que organicen de forma rigurosa y segura la vacunación del colectivo infantil, siempre garantizando la igualdad en todas las autonomías.
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