El Consejo de Gobierno acordó ayer, a iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, aprobar una serie de medidas vinculadas a las subvenciones directas que se otorgarán dentro del marco del Plan Extraordinario de Empleo y Formación (PEEF) de La Palma, el concebido a finales de noviembre para afrontar las consecuencias de la erupción volcánica en Cumbre Vieja y dotado con 63 millones de euros por el Ejecutivo central.
A petición del Servicio Canario de Empleo (SCE), se promueven cambios legales que facilitan las subvenciones directas y de aportaciones dinerarias, así como la firma de convenios del SCE con otras entidades públicas, en el marco de ese plan y al amparo del real decreto ley 20/2021, de medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por la erupción volcánica y para la reconstrucción económica y social de La Palma. El Plan Extraordinario de Empleo y Formación y sus acciones está previsto que se detallen en La Palma el lunes venidero.
En otro punto del orden del día, se ha dado luz verde al Plan Anual de Inspección del Transporte por Carretera para 2022. La iniciativa persigue “importantes beneficios” para el sector, en concurrencia con los cabildos, para fomentar el cumplimiento de la normativa, no solo por parte de las empresas, sino de todos aquellos usuarios relacionados con la actividad del transporte por carretera sobre la conducción, el fraude en el transporte de mercancías o pasajeros y la competencia desleal, entre otros aspectos. Se establecen las directrices generales para unificar criterios entre las administraciones.
El Ejecutivo también ha autorizado las aportaciones a los ayuntamientos relativas al programa para la lucha contra la pobreza y las prestaciones básicas de servicios sociales, por un importe de cuatro millones de euros. Se trata de una partida destinada a financiar la adaptación de las prestaciones básicas de servicios sociales a la situación de la nueva normalidad en el contexto de la pandemia de la COVID-19 durante el año 2021. La distribución de este montante entre los ayuntamientos se realizará a través del convenio entre la Consejería de Derechos Sociales y la federación de municipios (Fecam).
Se ha avalado el desembolso de 62.762.633,82 euros mediante tramitación anticipada para financiar durante 2022 los gastos derivados de la asistencia sanitaria de pacientes del Servicio Canario de la Salud (SCS) en centros concertados de las áreas de Salud de Tenerife y Gran Canaria, una actividad que se presta de forma complementaria a la realizada en los hospitales públicos. La cantidad para la próxima anualidad no se incrementa respecto a la de 2021. Se dedicará fundamentalmente a pruebas diagnósticas, procesos quirúrgicos y la hospitalización de pacientes del SCS en listas de espera, para reducir los tiempos de demora.
El órgano colegiado fue informado de que el gasto farmacéutico ascendió en noviembre a 52.832.995,98 euros. El coste medio por receta se situó en 11,63 euros, un 0,02% más respecto a noviembre de 2020.
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