López Aguilar: “El PP tiene al CGPJ suspendido de la brocha, una situación ciertamente preocupante”

El exministro de Justicia y actual eurodiputado socialista y presidente de la comisión de libertades civiles, justicia y asuntos de interior del Parlamento Europeo (PE), Juan Fernando López Aguilar, ha culpado al PP de mantener al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “suspendido de la brocha” y califica su no renovación como “preocupante” para la democracia española.

“El informe del Comisario de Justicia señala que en España hay un problema. La no renovación conforme a los mandatos constitucionales de los órganos de legitimación parlamentaria que requieren mayorías cualificadas y el CGPJ todavía pendiente por una sola razón: que el PP quiere perpetuar en el CGPJ la mayoría absoluta de 2011”, aseveró López Aguilar.

El socialista recordó a los populares que “esa mayoría absoluta los españoles se la arrebataron democráticamente en 2015, hace la friolera de seis años y va para siete”. “Y así ya son tres años que está suspendido de la brocha el CGPJ en una situación ciertamente preocupante”, lamentó.

Para el eurodiputado y constitucionalista, la mayoría cualificada de tres quintos en Congreso y Senado sirve “exactamente para asegurar el pluralismo político” de la composición de estos órganos y, con ello, no solo “que todos los poderes emanen del pueblo”, sino que sea un “esfuerzo de integración de fuerzas políticas que no está al alcance de ningún partido por sí solo ni siquiera con mayoría absoluta”.

“La prueba está en que esa elección parlamentaria dura en España ya 36 años y que, además, esa elección parlamentaria se ha sostenido tanto con gobiernos de mayoría absoluta del PSOE como del PP, como con gobiernos sin mayoría absoluta, tanto liderados por el PSOE como por el PP”, sentenció.

López Aguilar aseveró que el PP “ahora es muy libre de cambiar su criterio histórico y de proponer una reforma que, dicen, entregue la elección del cupo judicial del Consejo a la judicatura”, pero consideró que “lo que no es libre es de desvincularse de lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes actualmente vigentes”.

Para el socialista, la reforma del PP “lo que tiene es riesgo corporativo y hay que decirlo: Es muy libre de proponerlo. Pero tendrá que negociarla con los demás, que en eso consiste la construcción de mayorías cualificadas”.

López Aguilar dijo también que “es falso cuando [el PP] dice que eso lo exige Europa, porque no es verdad”. “En Europa hay 27 Estados miembros y 27 modelos muy distintos de gobierno del poder judicial. Por tanto, modelos hay muchos en la UE, pero lo importante es que en cada Estado miembro de la UE se respete el imperio de la Ley y el imperio de la Ley actualmente vigente”.

“El PP tiene la obligación de ser parte de esa mayoría de tres quintos y no puede llenarse la boca de Constitución como hace hipócritamente un día sí y al día siguiente también, desvinculándose de la Constitución y desentendiéndose del mandato de renovar los órganos constitucionales cada cinco años. Y no puede imponerle a los demás su propia voluntad”, concluyó.

Por otra parte, a juicio de López Aguilar, España está “en el camino de volver a construir puentes de diálogo que permitan una recuperación de la convivencia entre catalanes” y “una recuperación de la perspectiva de que Cataluña sigue siendo parte de España y que España no es España sin Cataluña y todos los catalanes y catalanas dentro”. “Tenemos que encontrar una solución de futuro que lo haga posible”, abogó.

Además, el político canario mantuvo que “ha costado mucho afirmar que España es una democracia perfectamente creíble” y defendió que “no hay derecho a que quienes se han sustraído de la acción de la justicia en España hayan causado tanto daño a la reputación democrática” del país.

“Presentándolo poco menos que como una dictadura tercermundista o algo equiparable a alguno de los países de los que habitualmente hay debate, y debate muy crítico, en la Unión Europea. Hay que decir que ese daño de reputación ha empezado a ser corregido de la mano de los gobiernos progresistas en los últimos años, liderados por Pedro Sánchez”, aseveró.

“Han intentado pescar en río revuelto los independentistas catalanes que han imputado efectivamente cuestionar la calidad democrática en España. Pero hay que decir con toda claridad que la situación de Hungría o Polonia no solamente es singular, sino que no tiene nada que ver con lo que sucede en España a ningún efecto y desde ninguna perspectiva”, sostuvo.

“Y no vamos a consentir, por tanto, que ninguna distorsión y ninguna alegación interesada pueda cuestionar la calidad de la democracia en España”, sentenció López Aguilar.

Eso sí, mantuvo que “ninguna libertad está asegurada para siempre”, y es por eso que Europa ha puesto en marcha una fórmula “periódica, regular y objetivada que ha sido acordada entre la Comisión y el Parlamento Europeo”, y por la que “se somete a examen preventivo los desarrollos constitucionales y legislativos de los 27 Estados Miembros, incluido España”.

“Se trata de garantizar la democracia representativa, el Estado de derecho, la separación de poderes, los derechos fundamentales y un poder judicial independiente, así como el pluralismo político y de las minorías, es decir, protección de aquellos que te llevan la contraria, que tienen todo el derecho a hacerlo”, relató.

Hungría y Polonia

“Hemos contemplado que, a partir de la entrada en vigor del tratado de Lisboa, lo que se ha producido es una sucesión de episodios de crisis que han deteriorado gravemente la calidad democrática en algunos Estados miembros y amenaza con contaminar la calidad democrática en el conjunto de la Unión Europea”, lamentó, citando los casos de Hungría y Polonia.

“Lo que ha pasado en Hungría y Polonia es un desmoronamiento constitucional, obrado deliberadamente por la estrategia ejecutada por una mayoría absoluta y en corto espacio de tiempo. En modo que no han dejado títere con cabeza: tribunal constitucional, consejo del poder judicial, pluralismo informativo, dependencia de los medios públicos del Gobierno, además de hostigamiento a las minorías, incluidas minorías étnicas como judíos o gitanos o minorías de identidad de género o de orientación sexual como los colectivos LGTBI”, indicó.

“Esto resulta completamente contrario a los valores europeos y, por tanto, inaceptable, por lo que hemos puesto en marcha mecanismos sancionatorios. Además, hemos puesto en vigor un llamado Reglamento de condicionalidad del Estado de Derecho, que significa que si un país no cumple con las reglas que cumplimos los demás, no tiene acceso en el presupuesto europeo ni a los fondos, ni siquiera al fondo de recuperación y resiliencia”, concluyó.