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Santa Cruz blinda los presupuestos participativos que serán el 0,5% del total

En 2022 la cifra disponible para proyectos que propongan los vecinos sube hasta los 1,5 millones a repartir entre los 5 distritos
Javier Rivero es el concejal de Participación Ciudadana de Santa Cruz. / DA

El que el Ayuntamiento de Santa Cruz cuente o no con una partida para los presupuestos participativos ya no dependerá de la voluntad política. El nuevo reglamento de Participación Ciudadana, que se aprobará definitivamente el próximo mes de enero, ha fijado que estos deben ser el 0,5% del presupuesto total del Ayuntamiento. Esto supone que si las cuentas generales suben, también lo hará el dinero para los proyectos más votados entre los que propongan los vecinos. Así lo explicó ayer el concejal del área, Javier Rivero, quien apuntó que la partida para este asunto será de un millón y medio el año que viene, para ejecutarse entre 2022 y 2023. “La ejecución será bianual porque eso nos da más tiempo para gastar cantidades mayores como es este caso, que pasa de 1,1 millones a 1,5″. Rivero reconoce que ese blindaje del 0,5% se porduce gracias a una enmienda de UP al Reglamento de Participación Ciudadana.

Lo que aún no está claro es el tope máximo por proyecto. “Ahora mismo está en 80.000 pero estamos barajando que sea de 40.000 porque eso nos permitiría ir más rápido a la hora de ejecutar las obras que resulten más votadas”, explicó Rivero. El también edil de Accesibilidad, detalló que en cualquier caso, se va a trabajar para que los proyectos que se pasen de ese tope de presupuesto, si los técnicos consideran que son viables, puedan ser ejecutados por otras áreas del Ayuntamiento.

En cuanto al Reglamento de Participación, Rivero, avanzó que en estos momentos ya se trabaja para que se pueda acceder a él a través de la lectura fácil, es decir, traducir el lenguaje técnico y administrativo a uno que sea comprensible por toda la población. “Nos hemos adelantado a la norma aprobada por el Congreso para que todos los documentos de las administraciones públicas puedan leerse a través de la lectura fácil, y seremos unos de los primeros de España en hacerlo. Para ellos hemos destinado 5.000 euros y 10.000 más a una campaña de difusión del nuevo reglamento, que tiene entre sus principales novedades la posibilidad de convocar consultas populares”.

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