Tal y como reza en el texto de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, dicho documento «es la estrategia de todas las personas, colectivos, organizaciones y sectores institucionales para posicionar a Canarias como un referente de sostenibilidad social, económica y ambiental». También aspira a convertirse «en una herramienta compartida que permita a todos los agentes territoriales de Canarias, tanto públicos como privados, moldear, mejorar e implementar sus estrategias y sus planes de acción».
La estructura de la Agenda se basa en cinco dimensiones que van desde las personas y la sostenibilidad social al ámbito cultural, y en ellas se abordan los principales retos estratégicos o problemas estructurales, lo que se denomina «reto región», que debemos atender mediante grandes áreas de actuación, las llamadas «políticas aceleradoras».
La Agenda, sin duda, es un instrumento para la reflexión y para la actuación en el horizonte del año emblemático de 2030.
Lo que nos ha sorprendido, dentro del texto de dicha Agenda, es que uno de los problemas más denunciados no solo desde el ángulo popular, sino desde altas instancias institucionales, como es la acelerada evolución demográfica de Canarias y su exigible modulación, no sea enfrentada con la urgencia, la profundidad y la imaginación necesarias, ni se prescriban medidas convincentes relacionadas con ese crecimiento poblacional excesivo que se ha convertido en una amenaza de convivencia.
Tenemos a nuestra disposición advertencias frescas y muy solventes sobre la necesidad de contener el flujo demográfico en algunas de nuestras Islas: desde el Informe del Consejo Económico y Social de Canarias de 2019, hasta la intervención del Presidente del Parlamento de Canarias en el plenario de la Conferencia de Presidencias de Asambleas de España, celebrada el 9 de julio de 2021, o las numerosas comparecencias públicas del vicepresidente del Gobierno de Canarias, don Román Rodríguez, a lo largo de los últimos tiempos.
A los simples datos podemos remitirnos: entre los años 2000 y 2020 la población de Canarias creció un 32 %, dos veces más que la media española y ocho veces más que un territorio parecido que puede servirnos de referencia, como puede ser el País Vasco, que aumentó su población en ese periodo en solo 100.000 personas, mientras que Canarias lo hizo en 530.000.
Las consecuencias de ese crecimiento se han dejado sentir, como desde el Partido Nacionalista Canario denunciamos desde 1998, y como ha señalado el vicepresidente del Gobierno de Canarias, en vertidos incontrolados de aguas sin depurar en nuestras costas, en el excesivo consumo energético y la consiguiente contaminación hasta que sigamos con los combustibles fósiles, en el uso del agua, mayormente procedente de desaladoras, que también se abastecen de energía, en el aumento de residuos sólidos de difícil procesamiento, en parques móviles disparatados, en la escasez de viviendas, en los niveles de inseguridad ciudadana, en atenciones hospitalarias, en el atropello del paisaje y del medio ambiente… ¿Para qué seguir? ¿Puede haber un problema que ponga más en peligro la sostenibilidad de Canarias en un futuro próximo?
Cuando en 1998 el PNC planteó la necesidad de una Ley de Residencia para Canarias, algunos periodistas bien adiestrados en la neocolonialidad y en el rechazo de toda medida que provenga de nuestra propia reflexión isleña y no del dictado estatal, tachó a sus dirigentes y militantes de racistas y xenófobos por tan solo atreverse a hablar de una contención demográfica necesaria, como ahora todo el mundo parece aceptar. Veinte años más tarde. Siempre pensamos todo más tarde. Aunque en honor a la verdad habría que mencionar el intento que significó en 2003 la aprobación por unanimidad en el Parlamento de Canarias de las llamadas Directrices de Ordenación General, que indirectamente venían a reconocer la necesidad de frenar la desmesura del crecimiento poblacional en nuestro Archipiélago.
Acabo de rescatar de mis archivos un acuerdo entre el Gobierno del Estado español y el Gobierno de Canarias de 2005. En septiembre de ese año, los Ejecutivos de Rodríguez Zapatero y de Adán Martín Menis decidieron conformar un grupo de trabajo bilateral para analizar desde la Moncloa la preocupante evolución de la población en las Islas durante los últimos años.
Ese grupo de trabajo sobre control de población se creó por resolución del Congreso de los Diputados de mayo de 2005 como consecuencia de la propuesta presentada por el entonces diputado de Coalición Canaria, Paulino Rivero Baute, en el Debate sobre el Estado de la Nación. Aunque todo quedara en eso y poco más.
También en 2008, el Parlamento Europeo aprobó, en la sesión del 20 de mayo, con el apoyo de quinientos noventa y dos votos a favor de la cámara europea frente a los setenta votos en contra de dicha iniciativa parlamentaria, un informe preparado por la eurodiputada francesa Margie Sudre sobre la especial atención que la Unión Europea habría de prestar en las Regiones Ultraperiféricas a cuestiones como la inmigración y el crecimiento demográfico. Ese informe era un espaldarazo más a la política de contención demográfica de la que venimos hablando y hoy podría tener un cauce legal para su puesta en vigor a través del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de los márgenes de aplicación específica de ese artículo a cada región ultraperiférica que le concedió la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE el 15 de diciembre de 2015.
Europa es el continente de la razón y no es de extrañar que un asunto tan diáfano como la regulación de la carga poblacional que pueda soportar un territorio limitado fuera contemplado con la comprensión que demuestra el escrutinio de la votación comunitaria.
Lo curioso es el tiempo que nos hemos tomado en el Archipiélago para llegar de modo consensuado a las mismas conclusiones. Y que ahora, con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible en plena vigencia, sigamos orillando el problema y dejándolo para más tarde.
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