El Tribunal Constitucional ha dado la razón a la comunidad autónoma de Canarias en su conflicto con la Administración General del Estado por la modificación del Régimen Económico Fiscal (REF) en lo que respecta a los incentivos a las producciones audiovisuales.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Julio Pérez informó de la sentencia en la que se declara terminado el conflicto, literalmente, por la “pérdida sobrevenida del objeto”. El Ejecutivo regional acoge “con satisfacción” este fallo, pues entiende que supone “un reconocimiento de facto” de la necesidad de respetar las normas que obligan a contar con el Parlamento de Canarias ante cualquier modificación del REF. El Gobierno regional recurrió al Constitucional después de que el pleno de la Cámara autonómica aprobase por unanimidad emitir un informe desfavorable a que el diferencial fiscal en los incentivos a las producciones cinematográficas en la Islas en relación al resto de España se sitúe por debajo del 80%. El informe preceptivo se emitió a petición del Senado, porque el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que tramitaba la Cámara Alta alteraba en ese punto el REF.
“Un conflicto menos, un problema resuelto”, comentó el portavoz. Pérez apuntó, de otro lado, que hay contactos con Madrid para celebrar en breves fechas la comisión bilateral y, a continuación, el mismo día o en los sucesivos, desarrollar la comisión mixta de transferencias y cerrar el traspaso de competencias.
Sobre la gestión de Costas indicó que hay “algunos anexos” pendientes de una “concreción exacta”, no en cuanto a las competencias, sino de “medios humanos, materiales y financieros” vinculados. El consejero desvinculó la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación de la Conferencia de Presidentes autonómicos en La Palma, que se aplazó a causa de la invasión rusa de Ucrania y se ha fijado finalmente para el domingo 13 de marzo.
Después de que, a principios de septiembre de 2021, el pleno del Parlamento de Canarias aprobara interponer sendos recursos de inconstitucionalidad contra la modificación de la ley de lucha contra el fraude fiscal y el real-decreto ley sobre fiscalidad energética por el incumplimiento del REF, la corte de garantías admitió a trámite en la primera semana de noviembre el recurso contra el precepto de la ley de lucha contra el fraude fiscal sobre las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales que se realicen en el Archipiélago. Esa disposición final primera, apartado cuarto, de la ley 11/2021, de 9 de julio, de transposición de la directiva (UE) 2016/1164, del 12 de julio de 2016, implicaba que la desgravación llegaría a 10 millones en vez de 18 millones de euros.
En el sentido inverso, el Tribunal Constitucional anuló el mes pasado un apartado del impuesto que el Gobierno de Canarias cobraba desde 2012 a los bancos por los depósitos de terceros que gestionan; en concreto, una deducción que beneficiaba solo a aquellas entidades con sede social en la región. Denominado oficialmente Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias, ese tributo fue creado por la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales de junio de 2012 y no se gira a los clientes, sino a las entidades financieras. Contenía una deducción del 50 % de la base imponible.
El Ministerio de Política Territorial alcanzó durante los dos primeros años de esta legislatura 95 acuerdos con las comunidades autónomas, que han evitado conflictos de competencias y recursos ante el Constitucional. Con las que más pactos se han conseguido han sido las de Cataluña (13), Canarias (12) y Baleares (10). El departamento que dirige Isabel Rodríguez califica el balance de “positivo”. Destacan los pactos sellados en 2021 (51 finales), con independencia de que el de inicio se hubiera firmado o no en ese periodo.
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