tribuna

Cartas marruecas

No voy a referirme a la obra póstuma del escritor y militar español muerto en combate en 1782, durante el tercer asedio a Gibraltar en el siglo XVIII, el ilustrado José Cadalso, aunque sus Cartas marruecas también hablan y enjuician con irritación otro ciclo de decadencia hispana. Se trata de la sorprendente carta marrueca de don Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español, del día 14 de marzo recién dejado atrás.

“Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”, nos dejó dicho el arzobispo anglicano, sudafricano y pacifista, Desmond Tutu. Un pensamiento que debiera haber leído con detenimiento don Pedro Sánchez antes de haber enviado el citado día 14 de marzo  una misiva al rey de Marruecos, Mohamed VI, con la que rompía hasta la neutralidad aparente y algo cobarde que España ha guardado a lo largo de los cuarenta y siete años que han transcurrido desde el abandono de la provincia del Sáhara Occidental y de toda su población con documento nacional de identidad español en las enrarecidas postrimerías del régimen franquista. Según algunas fuentes, hoy 150.000 saharauis viven en el Sahara ocupado ilegalmente por Marruecos, 50.000 en la parte controlada por el Frente Polisario y unos 200.000 en los campos de refugiados del desierto de Argelia. Cifras todas por confirmar. Al alinearse Sánchez con las tesis unilaterales marroquíes sobre conceder una autonomía al Sáhara Occidental ignorando las sentencias de los altos tribunales de Naciones Unidas y de la Unión Europea, de La Haya y de Luxemburgo, respectivamente, que en 1975 y 2016 se pronunciaron taxativamente sobre la inexistencia de cualquier tipo de soberanía de Marruecos sobre los territorios del Sáhara Occidental, y de las setenta y cuatro resoluciones de la ONU sobre la necesidad de convocar un referéndum en territorio sahariano para conocer la voluntad de su población sobre su futuro político; al saltarse Sánchez el procedimiento jurídico previsto y vigente con respecto a ese futuro político de los saharauis, no solo ha vendido a los antiguos habitantes de la provincia número cincuenta y tres de la España franquista, sino que ha abierto la posibilidad más que real de que Marruecos active las leyes 37.17 y 37,18, aprobadas el  4 de febrero de 2020 en la comisión y en el pleno de la Cámara de Consejeros (cámara alta) y aparecidas en el Boletín Oficial del Reino de Marruecos el 30 de marzo de ese mismo año, leyes que delimitaban aguas oceánicas partiendo del litoral que va desde Tarfaya a La Güera, es decir las 12 millas de mar territorial, las 200 millas de zona económica exclusiva y las 350 millas de plataforma continental, según los espacios definidos en la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982.

Esa posibilidad abriría un contencioso con Canarias de alcance inopinado, con serias consecuencias, en principio, para nuestra territorialidad marítima, aunque tratándose de un interlocutor como Marruecos uno no puede llegar a calcular los inesperados resultados que nos podría deparar una negociación de ese calibre con tal vecino, del que, desde hace muchos años, se conocen sus apetencias anexionistas sin medida: el sueño del Gran Marruecos que engulliría el Sahara, Mauritania, Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. No miremos para otro lado e ignoremos esas viejas ansias de la dinastía alauí. Siguen vivas.

Se ha apresurado a decir el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que la carta de su compañero de partido Pedro Sánchez a Mohamed VI es un ejercicio de realpolitik, en una primera acepción, un ejercicio de política realista y pragmática, pero sin recordar que la verdadera realpolitik muchas veces se practica al margen de la ética y del derecho, como nos parece que se actúa ahora por parte de Marruecos y de los países que lo apoyan por intereses que no vamos a ignorar aquí, es decir, al margen de las dos sentencias que recordamos más arriba, del Tribunal de La Haya y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y al margen de las setenta y cuatro resoluciones de la ONU, cuyo portavoz Stéphane Dujarric acaba de recordar, el 21 de marzo pasado, a España, mejor: a Pedro Sánchez, y al resto de los países que apoyan las tesis marroquíes de convertir el Sáhara Occidental en una autonomía más bajo su soberanía, que el conflicto en cuestión ha de resolverse con un compromiso pleno de las partes, de los marroquíes y de los saharauis, bajo la tutela de la ONU y la gestión de su Enviado Personal para el Sahara, Staffan de Mistura, con la asistencia de la Minurso cuyo mandato ha quedado prorrogado hasta el 31 de octubre de 2022 y cuyas siglas y su significado no podemos olvidar en estos momentos: Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental.

Dejemos trabajar a la ONU y guarde el presidente del Gobierno de España al menos la neutralidad que la antigua metrópoli de los saharauis ha mantenido durante casi medio siglo de conflicto.

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