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Destrucción intelectual masiva

Se pueden obtener títulos y pasar de curso con asignaturas suspensas, no se repiten cursos no aprobados, se suprimen las recuperaciones, se elimina la cultura del esfuerzo, del estudio y del trabajo; se iguala, en definitiva, por abajo, y se premia la ignorancia. La política educativa de este Gobierno no se conforma con intentar destruir la enseñanza privada y la concertada, quiere alumnos destruidos intelectualmente y adoctrinados en la ideología gubernamental para que voten en consecuencia. Y llega hasta desconocer el mandato constitucional que obliga a los poderes públicos a garantizan el derecho que asiste a los padres de que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La operación se completa con disparates, tales como la supresión de la Filosofía (es peligroso que los estudiantes aprendan a pensar por sí mismos y conozcan las aportaciones y las respuestas de los grandes pensadores), la enseñanza no cronológica de la Historia (cualquier cosa que sea eso) y desatinos por el estilo, que la comparsa de Pedro Sánchez está perpetrando desde la impunidad del poder.

Se entiende que los padres de la princesa de Asturias la hayan enviado a estudiar en un centro privado extranjero para evitar que sea abducida por el sanchismo, y que los padres que pueden permitírselo hagan lo mismo. Otros muchos sencillamente es que no pueden. El Ministerio de Educación se ha convertido en el ministerio para la destrucción intelectual masiva y, en contra de lo que cabría pensar, su titular no anda por ahí disfrazada para evitar ser reconocida. Mientras tanto, la ministra que se ocupa de la Ciencia pasea aburrida por los desiertos pasillos de su ministerio porque no tiene absolutamente nada que hacer, y el anterior ministro de Universidades dimitió, cansado de dormitar en los Consejos de ministros y de proponer ocurrencias absurdas entre sueño y sueño.

Por motivos muy obvios, la educación es objeto de deseo del poder, que pretende así controlar y orientar en su provecho el desarrollo intelectual y la ideología de los futuros ciudadanos de pleno derecho. Y por eso precisamente, la educación tiene que ser puesta a salvo de toda injerencia partidista con grandes y decisivas dosis de pluralismo y de libertad. Un pluralismo y una libertad ajenas al Gobierno comunista -con algunas gotas de socialismo radical y oportunista- que padecemos, que no es una excepción, y que se ha propuesto controlar ideológicamente la formación de los alumnos españoles, ayudado por la izquierda mediática que le acompaña y sostiene.

El Gobierno justifica su intención de aumentar los impuestos hasta niveles confiscatorias por la financiación de la educación pública, pero es una más de sus falacias que hunde un poco más a la clase media y los pequeños autónomos. El dinero de nuestros impuestos se gasta en pagar cientos y cientos de asesores inútiles, en financiar campañas de adoctrinamiento, en comprar voluntades independentistas y sindicalistas, y en intentar destruir todo atisbo de pensamiento libre e independiente. En definitiva, el dinero de nuestros impuestos se emplea en la destrucción intelectual masiva de nuestros jóvenes y del conjunto de los españoles. Pero, por fortuna, es un intento condenado al fracaso: la libertad siempre termina por imponerse.

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