En la mitología hinduista Indra es el rey de los dioses o devas y señor del cielo. En la religión védica, previa al hinduismo, es el dios principal. También es el nombre elegido por Indra Sistemas, una sociedad anónima especializada en la prestación de servicios relacionados con defensa, transporte, energía, telecomunicaciones y finanzas. Está controlada en un porcentaje superior al 25% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Entre sus clientes más destacados se encuentran la Asociación de Diplomáticos Españoles, el Ministerio del Interior, Adif, la Agencia Tributaria, Naturgy, Repsol, Enel, Prosegur, IAG, Bankia, BBVA, Telefónica y RTVE. Y, por medio del Ministerio del Interior, uno de sus clientes, y la SEPI, está encargada de algo tan sensible como la gestión de los datos electorales en todos los procesos electorales que tienen lugar en España.
Pues bien, el bloque accionarial formado por SEPI, SAPA, la empresa vasca de defensa, y el presidente del Grupo Prisa, tradicional fiel escudero de los socialistas, que ha ampliado su participación hasta el 4,18% de las acciones, ha logrado que su Junta de Accionistas certifique el cese de cuatro consejeros independientes, y evite también que una quinta consejera, asimismo independiente, continúe en su puesto. Todo eso después de que el sector crítico del órgano cuestionara el elevado peso adquirido por La Moncloa en esta empresa. Con estas expulsiones de los consejeros críticos con su gestión, el Gobierno logra tomar el control absoluto de Indra y sus competencias y funciones electorales.
El Ejecutivo respalda a Marc Murtra, que es presidente no ejecutivo de Indra desde mayo de 2021. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado cargos de confianza relacionados con los socialistas. Sucedió en el cargo a Fernando Abril-Martorell.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha dimitido “por motivos personales” al presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Juan Rodríguez Poo, después de haber cuestionado los datos del PIB, del IPC y del desempleo publicados por el Instituto, y confirmando así los intensos rumores de que se disponía a cesarlo: el presidente rehusó convertirse en otro Tezanos y manipular los datos a gusto del Ejecutivo. La Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (AESE) ha denunciado el asalto gubernamental a la autonomía del INE, que es un organismo autónomo del Estado. Y el Ejecutivo confirma ese asalto al anunciar que en las próximas semanas el Consejo de Ministros aprobará un nuevo Estatuto de estructura y funcionamiento del INE -el actual data de 2001- “para reforzar y modernizar el sistema estadístico estatal”, que ya ha alcanzado “un hito fundamental con la aprobación en el Parlamento de una modificación de la Ley de la Función Estadística Pública”.
Los últimos reveses electorales socialistas, su dependencia de Podemos y de Bildu, que cuestionan muchos militantes y votantes, y las previsiones de encuestas y sondeos independientes para las futuras elecciones generales, han convencido a Pedro Sánchez de que con un Tezanos no es suficiente para asegurarle el poder, y, como en el don Mendo de Muñoz Seca, hacen falta más Tezanos. Y se ha puesto a la labor de apoderarse de todas las instituciones del Estado.
