El Pleno de La Laguna acordó ayer por unanimidad, en una sesión extraordinaria y urgente, instar al Instituto Canario de la Vivienda “a realizar un informe sobre la gestión de las 119 viviendas protegidas de San Matías, con el objeto de determinar las responsabilidades a las que hubiera lugar” y, en caso de detectarse, “que sean trasladadas a la autoridad judicial”, velando por el interés de los residentes. Además, se pide una reunión con el instituto y Visocan para “estudiar alternativas para solucionar el problema de la deuda de aquellas familias que en su día fueron alojadas en estas viviendas y que no podían hacer frente a los alquileres de forma continuada”.
Estos son dos de los puntos de la moción que llegó al Pleno de ayer, después de que en la última sesión ordinaria los grupos decidieran trabajar en un acuerdo conjunto, que llevar a una extraordinaria, para ayudar a las familias de esta promoción con la reciente reclamación de deuda por parte de Visocan, propietaria de la misma, a una veintena de ellas, con amenaza de desahucio.
La moción aprobada ayer, “en base a la legalidad y las competencias del Ayuntamiento”, apuntó el concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, también acuerda “reconocer a estas familias su tratamiento a efectos económicos” para “la ayuda a los alquileres de las viviendas protegidas adjudicadas por la Comunidad Autónoma en régimen de alquiler hasta que efectivamente sean adjudicatarios de una vivienda social”. Asimismo, se insta a Visocan “a poner en uso las viviendas que queden vacantes en sus promociones” y se convocará “una asamblea vecinal para dar cuenta del acuerdo y estudiar las acciones a desarrollar”, entre otros puntos. Previo al debate de este acuerdo, hubo dos intervenciones vecinales de residentes de la promoción en las que pidieron que se actuase por la vía de urgencia, en vez de instar a otras administraciones, entendiendo que con la moción no se iban a lograr soluciones.
Igualmente, el Pleno aprobó la nueva ordenanza de subvenciones a entidades ciudadanas, que facilita el acceso a las ayudas y aumenta las cuantías, entre otras mejoras. Ahora se publicará en el BOP, con un mes para alegaciones, con la previsión de que pueda entrar en vigor en septiembre.
Tras la adopción de estos acuerdos, se celebró una segunda sesión extraordinaria en la que se aprobaron dos modificaciones presupuestarias por importe una de 5.355.786,07 euros, con abstención de CC, y otra del Organismo Autónomo de Deportes por 2.992.120,89 euros, con unanimidad.
Abono de expropiaciones de 2009 y 2010
En cuanto a la primera de 5.355.786,07 euros, parte de la cuantía, unos 631.000 euros, se destina al área de Bienestar Social para la realización de obras en distintos inmuebles municipales que ocupan asociaciones de mayores y diferentes entidades. Sin embargo, gran parte de estos más de cinco millones se destinan a abonar dos ejecuciones de sentencia en materia de expropiación forzosa realizadas en mandatos anteriores, en los años 2009 y 2010, y que no se habían pagado, por importe de 1.917.468 euros una y de 1.039.078 euros la otra, así como los intereses generados por demora, por 404.893 euros.
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