En primer lugar, hay que afirmar que constituye una buena noticia disponer del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, presentado por el Gobierno central y que inicia su tramitación en el Congreso. En segundo, hay que reconocer el enorme esfuerzo que se realiza en materia social, a la que se destinan unos 266.000 millones de euros. Beneficiando a la mayoría de la sociedad y, especialmente, a los sectores más vulnerables. Con notables incrementos en las pensiones y una subida de los salarios públicos.
Aumentando, asimismo, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), las prestaciones por desempleo o las dotaciones para financiar la ley de la dependencia. Medidas todas ellas que favorecen y mucho a la ciudadanía del Archipiélago. Reconocer esa realidad general, que entiendo positiva, no impide considerar también insuficiencias respecto al trato que recibe Canarias, con la desaparición o reducción de algunas partidas de los programas económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF) que, gracias a las enmiendas del entonces diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, estaban mejor dotadas en las cuentas públicas finalmente aprobadas para este año 2022, tras prosperar las enmiendas que presentó al proyecto inicial por valor de 100,45 millones.
Como señalaba, se trata, sin duda, de un presupuesto muy social, expansivo, que responde a las necesidades de la sociedad y de la economía, en un momento crítico que, tras el fuerte impacto de la pandemia de la COVID 19 en 2020 y 2021, al que se añade ahora el impacto de la guerra de Ucrania y la elevada inflación que venimos padeciendo y que continuará en el próximo año.
Con relación a sus ámbitos generales, que también incide en nuestra Comunidad, destaca el incremento individual de las pensiones en un 8,5%. La partida total se incrementa en 19.548 millones, hasta situarse en 2023 en 190.687 millones. En este asunto, el de la subida de las pensiones, considero que se hubiese podido plantear un modelo no lineal en el que se aumentaran más las pensiones más bajas y medias, las de los hombres y mujeres con mayores dificultades para afrontar la actual crisis inflacionista y sus consecuencias en la cesta de la compra; evitando, asimismo, abrir una mayor brecha entre pensionistas, al incrementarse en igual porcentaje las altas.
Los empleados públicos, que han visto reducido notablemente su poder adquisitivo en la última década, verán incrementados sus salarios en los próximos años, correspondiendo un 2,5% de subida al ejercicio de 2023; porcentaje que se añade al 1,5% para compensar el IPC de 2022 lo que eleva al 4% el aumento real en 2023. Por otra parte, se aumenta el Ingreso Mínimo Vital, así como la cuantía de las prestaciones por desempleo. Las referidas a la financiación de la ley de dependencia contarán con 3.522 millones de euros, lo que supone un incremento de 620. Y se mantiene el compromiso en la lucha contra la violencia de género, con 260 millones, de ellos 130 se transfieren a las comunidades autónomas y 40 a las entidades locales.
Los jóvenes también ven reflejados aumentos en estas cuentas públicas estatales, desde los que afectan a las becas, 400 millones más hasta superar los 2.500 millones, a los referidos al mantenimiento de las ayudas para el alquiler (un total de 200 millones) o el bono cultural. Otros aspectos de interés son las dotaciones para acceso a vivienda y fomento de la edificación (3.472 millones) o los 500 millones para infraestructuras en atención primaria y comunitaria y salud mental.
Mejora, asimismo, la financiación de las comunidades autónomas, que son las responsables de gestionar la educación o la sanidad, en torno a un 24%, alcanzando los 135.274 millones de euros, asunto ya acordado previamente, el pasado mes de julio, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Los PGE 2023 incorporan, además, 30.000 millones de fondos europeos dirigidos a I+D+i, energía, industria e infraestructuras. Las políticas de I+D+i y digitalización crecen en más de 3.000 millones. Aumentan las ayudas a consumidores electro intensivos e incluye 102 millones para el bono social térmico para los hogares más vulnerables.
Estos PGE 2023 prevén unos ingresos de 307.392 millones de euros, un 6% más que en el ejercicio anterior. Asegurando el Ministerio de Hacienda que “el crecimiento económico, la evolución positiva del PIB nominal, la creación de empleo o el impacto positivo de las nuevas medidas tributarias son factores que contribuyen al incremento de los ingresos públicos”. Con relación a la fiscalidad, el Ministerio afirma que en estos Presupuestos aumenta “la recaudación del tipo mínimo a las grandes empresas y la limitación temporal de la compensación de pérdidas en los grupos en el Impuesto sobre Sociedades, así como el nuevo Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y el gravamen temporal en los sectores energético y bancario”. Mientras que se producen rebajas del IRPF a las rentas más bajas. Aunque hay que señalar que la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ha indicado que los PGE presentan carencias “que le restan calidad informativa y potencia como herramienta de planificación económica”.
En lo que respecta a nuestra Comunidad, se mantienen las conquistas alcanzadas por Nueva Canarias desde los presupuestos estatales de 2017, entre ellas el 75% para el transporte de viajeros en barco y en avión, tanto interinsular como con el resto del Estado. Y se cumple con las otras grandes partidas de los programas del REF: transporte de mercancías, transporte terrestre, pobreza, compensación por el sobrecoste en las Islas de la producción eléctrica o plan integral de empleo.
La inversión per cápita media (capítulos VI y VII) en Canarias, con 285 euros por habitante, sin contar con las partidas correspondientes a las sentencias sobre carreteras, se sitúa muy ligeramente por encima de la media estatal (282). En conjunto, nuestra Comunidad percibiría en estos presupuestos 1.715.762 millones de euros, es decir, 64,5 millones de euros menos, un -3,63%, que en 2022.
Esto sucede, fundamentalmente, porque algunas de las partidas que se incrementaron para 2022 por las enmiendas de Nueva Canarias ya no figuran o se ven sensiblemente disminuidas. Entre otras, los 10 millones de euros destinados a las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria. El incremento en 10 millones en las ayudas para el transporte del plátano. O el aumento que también se produjo, en un 15%, en las destinadas para la lucha contra la pobreza. Así como programas REF en residuos, movilidad sostenible o extensión de la banda ancha. Además, echamos en falta los 50 millones de euros para la atención a las personas migrantes, así como los incrementos destinados al agua de riego agrícola. Todas estas partidas son muy importantes y hay que recuperarlas en el trámite de enmiendas.
Por otra parte, respecto a la transferencia de los 200 millones de euros que corresponden en 2023 por las sentencias sobre el convenio de carreteras -que se suman a los 100 de 2021 y los 200 de 2022-, quedan pendientes los intereses que se computarán con la firma del acuerdo.
En definitiva, se trata de unos Presupuestos Generales del Estado de una indiscutible impronta social, así como de una clara apuesta por la transición energética y digital, lo que valoro y apoyo. Y que, asimismo, presentan algunos déficits con Canarias respecto a lo recogido en los anteriores PGE. Los 15 diputados y diputadas que representan a Canarias en el Congreso tienen ahora la oportunidad y la obligación, en el periodo de enmiendas, de mejorar significativamente estas cuentas públicas para las Islas y superar el presupuesto definitivo del actual ejercicio. Como hizo NC, con un solo escaño, en los PGE para 2017, 2018, 2021 y 2022, con diálogo, firmeza y resultados, consiguiendo importantes avances para esta tierra y su gente.
*Vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias
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