El Cabildo de Tenerife considera que es “claramente insuficiente” el presupuesto asignado a Canarias para implementar el transporte público gratuito a partir del 1 de enero de 2023, lo que puede causar “un agujero” económico a la corporación insular y deteriorar la calidad del servicio.
El director insular de Movilidad del Cabildo tinerfeño, José Alberto León, ha afirmado este miércoles en declaraciones a EFE que la cantidad presupuestada en el ámbito estatal para este fin, de unos 81 millones de euros para toda Canarias, equivale a la que supondrá aplicar esta medida prácticamente solo en la isla de Tenerife.
José Alberto León ha especificado que cuando se aprobó la reducción del 50 por ciento para el transporte el Cabildo tuvo que afrontar un incremento presupuestario de unos 55 millones de euros, con lo que aplicar la gratuidad en guaguas y tranvías a partir del 1 de enero del próximo año será superior a dicha cifra.
Además la subvención no cubre la necesidad de adquirir nuevos vehículos, sino la pérdida de ingresos por parte de los operadores, y el Cabildo deberá afrontar la contratación de nuevos conductores y la compra o alquiler de más vehículos, así como aumentar las frecuencias de guaguas y tranvías.
A ello se suma el coste del combustible en el caso de las guaguas que ya de por sí ha experimentado un incremento “sustancial”, y de todo ello se derivan cantidades importantes “que nos pueden hacer un agujero económico”, ha advertido José Alberto León.
“Una medida de este calado se tenía que haber hecho con una ficha económica anexa y además no se ha aclarado la forma de pago de la subvención, de manera que si el Cabildo de Tenerife la debe cubrir durante todo el año tendrá que anticipar los fondos y no estamos hablando de poca cuantía, y de empezar a cobrar quizás a partir de 2024”, ha precisado el director insular.
A su juicio, “quien ha negociado” esta medida para los presupuestos estatales del próximo año no ha tenido en cuenta las cantidades económicas “y la relevancia de lo que estamos hablando independientemente de que se compense por el Estado”.
El problema de fondo es que se trata de una medida política y transitoria cuando en el ámbito del transporte colectivo deberían ser propuestas diseñadas para permanecer en el tiempo, ha continuado León, quien ha apuntado que no tiene sentido acostumbrar al usuario a la gratuidad en el transporte público “y luego empezar a cobrar” otra vez.
Ha precisado José Alberto León que con la aplicación de la bonificación del 50 por ciento se procedió a una licitación de emergencia para adquirir guaguas en régimen de “renting” o alquiler durante tres años y estos vehículos llegan a mediados de diciembre.
Esta medida era para atender a la citada bonificación pero ahora, con una reducción adicional que llega hasta la gratuidad, habrá que proceder probablemente a otra licitación de emergencia para más guaguas que, en todo caso, no llegarían a la isla hasta marzo o abril del próximo año.
En el caso del tranvía, el tiempo de licitación y puesta en servicio de nuevos vehículos es aún superior, más de dos años, y el Cabildo de Tenerife prevé reforzar el servicio en un 10 por ciento en las horas punta, ha especificado el director insular de Movilidad.
León ha considerado que en vez de planificar para incentivar que el usuario del vehículo privado se pase al transporte público se han tomado medidas de calado para dentro de mes y medio que pueden acarrear tensiones en el sistema.
También ha insistido en que esta propuesta, además de estar acompañada por la ficha financiera adecuada, debería desarrollarse en un proceso a varios años vista y no en uno solo, pues esta transitoriedad impide tomar decisiones “sensatas” a medio plazo.
En todo caso, ha subrayado el director insular, el Cabildo asumirá la tarea con los medios que tiene a su alcance pese a que la gratuidad en el transporte le puede ocasionar “problemas financieros” derivados del incremento en los costes estructurales del servicio: más guaguas, más conductores y más gasto de combustible.
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