La huelga salvaje de un sector de los médicos madrileños prosigue con la intención de prolongarla lo más cerca posible de las próximas elecciones autonómicas y locales: ya alguno de sus dirigentes ha manifestado algo al respecto. Es indudable que se trata de una movilización política disfrazada de huelga, algo, por desgracia, muy común en este país. Y es una muestra más del temor de la izquierda a una previsible victoria electoral contundente de Díaz Ayuso, a la que se trata de debilitar. Sorprende también que afirmen defender una atención sanitaria de calidad al mismo tiempo que mantienen una actitud que perjudica gravemente a los pacientes. Y, por si no fuera suficiente, la izquierda está propugnando el empadronamiento masivo en Madrid de todos los que estén dispuestos a intentar frenar a la presidenta. ¡Qué lástima que el candidato sea el inseguro y titubeante Núñez Feijóo y no ella!
Vivimos en un curioso país en dónde mucha gente cree en el carácter taumatúrgico de las leyes, al margen de la realidad económica y a las limitaciones presupuestarias. Se organizan manifestaciones pidiendo que la Constitución incluya la sostenibilidad de las pensiones, como si eso las asegurara; y lo peor es que los participantes se lo creen. Pues bien, este tipo de movimientos demagógicos exigen siempre lo que denominan una sanidad pública de calidad, sin reparar en que pueden llegar a ser términos estrictamente antagónicos. A diferencia de lo que ocurre con otros servicios públicos como la educación, los demandantes de sanidad son todos los que habitan en el territorio, adultos y niños, incluyendo a los nasciturus, y, además, cada sujeto demanda no una sola, sino multitud de acciones sanitarias, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y demás. Todo eso significa que la demanda de sanidad tiende a infinito y que es absolutamente imposible que sea satisfecha, incluso aunque la totalidad de los presupuestos públicos se dedicaran a financiarla en exclusiva y los impuestos alcanzaran niveles confiscatorios. Las enormes listas de espera; la gente que muere en ellas; las citas para dentro de un año; las consultas de cinco minutos, que el médico utiliza para escribir en el ordenador, y demás escenas de la sanidad pública son inevitables. Y así lo han entendido los más de diez millones de españoles que pagan un seguro privado. La sanidad privada es inevitable y necesaria, y así lo reconoce la Seguridad Social cuando le deriva pacientes. Y los ataques de Pedro Sánchez a esa sanidad y a las mutualidades de funcionarios son sencillamente criminales.
Al margen de los políticos y los partidos, que nos intoxican con argumentarios de guardarropía, los ciudadanos debemos tener claro que el llamado Estado del bienestar tiene unas limitaciones presupuestarias imposibles de superar; que financia la sanidad que puede, y que, a pesar de todo, somos afortunados, porque en la mayoría de los países simplemente no existe sanidad pública.
A los médicos madrileños que participan en una supuesta huelga laboral habría que pedirles que dejen de hacer política y hagan sanidad, que es para lo que se supone que ocupan sus plazas. En cuanto a Díaz Ayuso, deben perder toda esperanza: la presidenta es un objetivo muy por encima de lo que estos supuestos huelguistas pueden alcanzar.
