El diputado del Común, Rafael Yanes, y el adjunto primero de la Diputación del Común, Felipe Afonso, se reunieron ayer con la recientemente creada plataforma Y ahora, ¿qué hacemos?, que pretende asegurar la atención que merecen las personas con discapacidad una vez cumplidos los 21 años, cuando finaliza su permanencia en el sistema educativo del Archipiélago.
El problema existe en particular en aquellas personas con discapacidades intelectuales, problemas de desarrollo y otras que necesitan algún tipo de apoyo que no saben qué hacer ni dónde acudir cuando son expulsados del sistema educativo obligatorio. Los madres y padres de estas personas con discapacidad denuncian que una vez abandonan el sistema educativo cuando cumplen los 21 años, “se vuelven invisibles” para las Administraciones de la Islas por lo que solicitan una mayor organización y que se aúnen los recursos pues el 70% no sigue su formación.
La portavoz de la plataforma, Ruth Santana, destaca que “no solo han vuelto invisibles”, sino que desde las instituciones “quieren callar a los padres”, y lamentó la “poca transparencia” que existe sobre el número de “plazas disponibles en los centros ocupacionales y sobre la lista de espera” para acceder a los mismos.
Santana es la madre de Texeida, de 22 años, con una discapacidad intelectual y que ha visibilizado por las redes sociales la situación que está atravesando su hija. Critica que, desde hace tres años, ella y cientos de familias de Canarias se encuentran en una lista de espera para poder acceder en un centro ocupacional para seguir con su formación y realizar actividades.
El diputado del Común se comprometió a hablar con los siete cabildos para conocer el número de plazas disponibles en centros ocupacionales y cuántas son necesarias. “La discapacidad es una de las luchas fundamentales”, recalcó.
