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Los jueces y la democracia

En octubre de 2020 todas las asociaciones judiciales, excepto Juezas y Jueces para la Democracia, solicitaron formalmente reunirse con los principales partidos políticos para entregarles las casi veinte mil firmas recogidas en apoyo del Manifiesto Ciudadano por la Independencia Judicial, en el que se reclamaba la elección directa por los miembros de la Carrera Judicial de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial procedentes del turno judicial, e insistirles en la “necesidad urgente de que respeten la independencia judicial y la separación de poderes en nuestro país”. Consideraban del todo indispensable que, en primer lugar, se modifique el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para que este órgano “que debe ser y parecer independiente del poder político, no dependa en exclusiva de los repartos entre los partidos, como ocurre desde hace treinta y cinco años, y como parece que se repetirá en las próximas semanas”.

En ese sentido, tal y como se recogía en el citado Manifiesto, instaban a los partidos a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto a la designación parlamentaria de los vocales judiciales, permitiendo que todos los jueces españoles puedan votar a doce de los veinte vocales de este órgano, concretamente los que la Constitución establece que deben ser elegidos entre la propia Carrera Judicial. De esta forma, al menos la mitad del Consejo no dependería en la práctica de los dos grandes partidos, “lo cual condena al órgano de gobierno de los jueces a una politización cada vez más descarada, y mantiene la posibilidad de prolongados bloqueos cuando toca renovarlo cada cinco años, como ha ocurrido ya otras veces, además de la actual”.

Las veinte mil firmas de apoyo al Manifiesto reflejaban, a juicio de las asociaciones firmantes, que cada vez son más los españoles que comparten la misma postura, teniendo en cuenta que más del 70% desconoce cómo se elige e incluso que exista el Consejo, según el sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas realizado el mes de julio de 2020. Es lo que llevan años reivindicando estas asociaciones judiciales e incluso organismos internacionales, como el Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa. Las asociaciones recuerdan que “lo único que seguimos pidiendo a los partidos políticos que pueden y deben hacerlo es que cumplan con lo que llevamos años reivindicando no solo los profesionales de la Justicia, sino también, y cada vez más, los propios ciudadanos españoles y hasta las instituciones europeas, para que el Poder Judicial en nuestro país sea y parezca más independiente, porque de poco sirve lo primero si no se garantiza lo segundo”.

Fue muy loable el Manifiesto, pero los firmantes tienen que reconocer que una parte decisiva de culpa de lo que denuncian la tienen también los propios jueces, que han aceptado y utilizado esa politización y ese control. Para empezar, las mismas asociaciones de jueces y fiscales, que funcionan como auténticos partidos políticos y comportan profundos sesgos ideológicos. Ahí está la no firmante Juezas y Jueces para la Democracia, afín al Gobierno. Muy mal van las cosas cuando podemos hablar de jueces progresistas y conservadores, nombrados por los partidos. Y nos tememos que seguiremos hablando así durante mucho tiempo.

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