¿Poder Judicial?

En el mes de mayo de 2018 y en un ambiente populista de revuelta anti-institucional, las multitudes disconformes con la sentencia -condenatoria- de la violación grupal conocida como La Manada salieron a la calle pidiendo la cabeza de los jueces que la habían dictado, uno de ellos una mujer, en especial del autor del voto particular absolutorio, y se recogieron firmas pidiendo su inhabilitación. Todo ello a cargo de una sociedad como la española, sin referentes democráticos, que vive al margen de sus instituciones y, como alternativa, utiliza la calle y la algarada.

En definitiva, una vez más se puso de manifiesto la precariedad de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho: porque no puede haberlos si no se respeta socialmente la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial, es decir, de los jueces. Por supuesto que las sentencias se pueden cuestionar, pero siempre desde el acatamiento, el respeto y la no descalificación de sus autores, lo que en este caso estuvo lejos de ocurrir.

En torno al 60% de los jueces y la mitad de los fiscales de este país hicieron una huelga en las mismas fechas en demanda de independencia y atención. Ahora bien, ¿es solo la deficiente formación democrática de la sociedad española la responsable de este deplorable estado de cosas? Pues no, hay que apresurarse a contestar negativamente. Una parte decisiva de culpa la tienen las fuerzas políticas, que han legislado en el sentido de una intensa politización y control del Poder Judicial y de sus miembros; y también los propios jueces, que han aceptado y utilizado esa politización y ese control. Para empezar, el condenable sistema de las cuotas, según el cual son los partidos los que proveen con jueces ideológicamente afines todos los cargos judiciales.

El correlato son esas no menos condenables asociaciones de jueces y fiscales, que funcionan como auténticos partidos políticos y comportan profundos sesgos ideológicos. Y no lo digo yo, lo dijo Carlos Lesmes, el entonces presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Una de ellas dice estar formada por jueces para la democracia, como si los demás jueces no fueran demócratas. Otra se define como asociación profesional, como si los demás jueces no fueran profesionales. Y así sucesivamente. Muy mal van las cosas cuando podemos hablar de jueces progresistas y conservadores, nombrados por un partido o por otro. De modo que los jueces que ascienden y prosperan, los jueces que ocupan los cargos relevantes y los medios denominan “estrella”, son los propuestos y promocionados por estas asociaciones.

Mientras tanto, los jueces se pelean y se denuncian entre sí por turbios asuntos nunca aclarados (en Las Palmas hubo un caso protagonizado por la actual Delegada del Gobierno para la Violencia de Género), van a la política, se significan partidariamente y después regresan al ejercicio profesional. Todo permitido y amparado por la Ley. La juez Mercedes Alaya fue perseguida políticamente por investigar los casos Mercasevilla y ERE. Y los jueces separados del servicio, como Baltasar Garzón, no es que no sean reprobados socialmente, es que son los invitados de excepción en actos, programas y tertulias. A pesar de todo ello, hay intensos rumores sobre la existencia de un Poder Judicial en España. Pero son rumores sin confirmar.