tribuna

Una movilidad para ricos

La venta de automóviles de combustión quedará prohibida definitivamente a partir de 2035. Los 27 han llegado a este acuerdo después de superar los vetos de Alemania, que ha logrado a cambio el uso después de esa fecha de los combustibles sintéticos. Se acaban así los miedos de la Comisión Europea al rechazo de una de las normas más icónicas de su plan sobre el clima y que trata de reducir en un 55% las emisiones contaminantes en el año 2030.

Obviamente, las críticas en España, segundo fabricante de coches, con una facturación entre fabricantes y componentes que representa casi el 13% del Producto Interior Bruto y el 18% del total de las exportaciones, han hecho saltar las alarmas. Las primeras tienen que ver con la dejadez que ha mostrado el gobierno de España, al no haber ni siquiera intentado defender una posición de apoyo a esta industria. Además, representantes del sector alegan que estas decisiones están generando mucha incertidumbre en el consumidor, que no sabe qué coche comprar, cuando el parque automovilístico español es de los más antiguos y, por tanto, generador de emisiones que no van a bajar. Hace unos días, el presidente de Repsol, en un foro del periódico digital El Español, lamentaba que la política energética europea se haya centrado en la sostenibilidad, cuando en otras zonas del mundo van a un ritmo más lento, y haya dejado de lado la seguridad en el suministro y el precio.

También estos días, las ciudades españolas que albergan fábricas de coches se han unido y todos sus representantes se han mostrado preocupados por el impacto que va a tener la confluencia de la prohibición de producir coches de combustión con la aplicación de la normativa Euro 7, que impone que las multinacionales reduzcan sus emisiones a partir de 2025.

Manifiestan que estos cambios se están produciendo a demasiada velocidad y que ello ya está provocando despidos de empleados y los que puede llegar a provocar y que cifran en torno a los 50.000 en toda España. Eso sin contar todos los trabajadores que se pueden ir al paro y que dependen de la industria auxiliar donde trabajan casi 400.000 personas y que en el año 2020 ingresó más de 40.000 millones.

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