En 2010, el Partido Popular recurrió la ley del aborto de Zapatero ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal ha estado trece años sin pronunciarse, en lo que, si estuviéramos en un país jurídicamente serio, sería un grave incumplimiento de sus funciones y obligaciones constitucionales. En algún período de esos años los populares contaron con una mayoría de magistrados afines, pero como siempre hacen cuando gobiernan, y a diferencia de la izquierda, no hicieron nada. Ahora los magistrados de obediencia izquierdista son mayoría, y no han tardado ni dos semanas en activar el asunto. El ponente era Enrique Arnaldo, de la minoría conservadora, cuya ponencia avalaba la norma vigente, salvo que consideraba inconstitucional que las mujeres que deseaban abortar no recibieran “información personalizada”. Arnaldo se negó a modificar ese extremo, y eso fue suficiente para que la mayoría lo sustituyera por la vicepresidenta del Tribunal, Inmaculada Montalbán, y anunciara que la nueva ponencia declarará que la totalidad de la ley es conforme a la Constitución.
Estamos en año electoral, y todo vale para ganar votos, desde la subida de las pensiones y el salario mínimo, hasta el incremento de las becas, la nacionalización urgente de los descendientes de exiliados residentes en el extranjero, o el regalo de doscientos euros a cada ciudadano que cumpla unos mínimos requisitos. Sin contar la falsa huelga y las movilizaciones que, con el pretexto de defender la sanidad pública, han intentado dañar electoralmente a la presidenta madrileña. De la mano de Díaz Ayuso, Núñez Feijóo parece llevar una cierta ventaja, pero la ofensiva de la izquierda, apoyada en muchos medios de comunicación, entre ellos la radiotelevisión pública, y el control del Parlamento y el Boletín Oficial del Estado, introduce una gran incertidumbre al respecto.
Lo sucedido en el Tribunal Constitucional con la ley del aborto ya ha ocurrido en el pasado y se repetirá en todas sus futuras decisiones. Y el ciudadano de la calle, que suponía que esas decisiones eran fruto de análisis y estudios técnico jurídicos, de la ciencia en suma, descubre alarmado que no, que son el producto de la ideología de cada magistrado, cuya opinión y sentido de su voto se conocen por adelantado. Y que esto ocurre en el Consejo General del Poder Judicial y en otros tribunales, no solo en el Constitucional. Con lo cual concluye que no entiende por qué estos magistrados no son sustituidos por ciudadanos de la calle provistos de su oportuno carnet partidista. Saldría más barato a las arcas públicas.
En cuanto a la ley del aborto que ha sido convalidada, la izquierda y el Gobierno se han apresurado a calificar el aborto de derecho, y hasta de derecho fundamental. Y es necesario aclarar que no, que el aborto no es en absoluto un derecho, porque si lo fuera se podría practicar en cualquier momento del embarazo sin limitación de plazos ni de supuestos hasta poco antes del parto. Al contrario, el aborto es un delito que en determinados plazos o supuestos queda despenalizado. Es decir, solo se puede practicar legalmente en esos plazos o supuestos. No está de más introducir algún análisis y algún estudio técnico jurídico, científico en suma, que corrija la insoportable demagogia iletrada que se ha apoderado de nuestra vida social y política.
