En su primer viaje a España, la acogida popular en Sanxenxo a don Juan Carlos, y la bienvenida de sus compañeros regatistas y del mundo de las regatas en general, junto al apoyo incondicional de sus hijas y nietos, fueron un par de sonoras bofetadas a La Zarzuela y La Moncloa. Habían confiado ingenuamente en un viaje casi secreto y sin imágenes ni declaraciones, y se encontraron con multitudes que aclamaban al exiliado y que superaban con mucho a los críticos, que también los había, junto a manifestaciones del propio interesado. Parece que un sector importante del pueblo español no le tiene en cuenta lo que el lenguaje oficial denomina sus irregularidades fiscales, y todavía menos sus desencuentros con Corinna, porque, es de suponer, los compara con la corrupción generalizada que afecta a una parte significativa de nuestra clase política, y, puestos a elegir corruptos, prefieren al monarca.
Es evidente que en el ámbito privado don Juan Carlos ha protagonizado una y otra vez conductas éticamente reprobables en materia económica y fiscal, y es evidente también que la Agencia Tributaria le ha concedido un trato de favor, que cualquier ciudadano no hubiera obtenido. Pero lo cierto es que ha regularizado su situación y no tiene ninguna causa pendiente en España. En el Reino Unido es objeto de una demanda civil, que, de ser estimada, no comporta consecuencias penales, por lo que desde el punto de vista jurídico es un ciudadano español en la plenitud de sus derechos de residencia y movilidad en España, y de su libertad de expresión.
No obstante, se le ha obligado política y socialmente a exiliarse, y se le persigue desde el Gobierno y la Casa Real supuestamente para proteger a la monarquía, aunque nuestros gobernantes no son ni muy republicanos ni muy partidarios de Felipe VI. En los últimos tiempos se ha vetado su asistencia a la coronación de Carlos III y a un almuerzo privado con el monarca británico, y en su segundo viaje a España se le ha exigido que transite como un fantasma, en silencio y en vehículos con las ventanillas subidas. Y se promocionan libros con supuestas informaciones sobre él sin contrastar. Todo español, y el anterior monarca lo es, tiene derecho a moverse libremente por el territorio nacional; a entrar y salir de España cuantas veces quiera, y a fijar su residencia en la localidad española que considere oportuno. Y ese derecho fundamental solo puede ser restringido judicialmente estableciendo la prohibición de abandonar el territorio español, con retirada del pasaporte, o emitiendo órdenes de alejamiento, en relación, por ejemplo, con los delitos de violencia de genero. El exilio no constituye una pena en el ordenamiento penal español, y el exilio forzoso que se le ha impuesto al monarca, que tenía saldadas sus deudas con Hacienda, vulnera sus derechos fundamentales, aparte de que no está muy claro que beneficie a la monarquía o a su hijo.
Por otra parte, el trato que se está dispensando al monarca -cuyo comportamiento es cierto que es todo menos ejemplar- perjudica la imagen internacional de España y vulnera la seguridad jurídica, además de conculcar sus derechos fundamentales. Porque, si no está sentenciado en firme de ningún delito ni está cumpliendo ninguna pena, no se sabe muy bien de qué se le acusa ni por qué está en Abu Dabi.
