La reforma administrativa hoy sigue de actualidad, pues todavía, a pesar de los avances realizados, estamos lejos de un aparato público realmente comprometido con los derechos fundamentales de las personas, para lo que es menester ofrecer transparencia y propiciar participación ciudadana. Por tanto, siguen pendientes de implementación los principios esenciales del cambio y la transformación en la Administración. Principios que siempre admitirán una mayor intensidad y un mayor compromiso, pues como Hauriou sentenció tiempo atrás, desde que existe la Administración pública se habla de su reforma y modernización. Especialmente, sigue pendiente, aunque se ha avanzado obviamente, la concreción de esa idea preclara del constituyente español que sintetiza a la perfección el sentido de la Administración pública en un Estado social y democrático de Derecho: el servicio objetivo al interés general.
Hay todavía poca mentalidad de servicio, mucho primado del reino de la subjetividad y mucha búsqueda del interés particular. En este tiempo que nos ha tocado vivir especialmente se constata de forma cotidiana. A estas alturas, afirmar que la transparencia ha de ser un principio connatural a la Administración pública puede parecer baladí o innecesario. En efecto, la Administración Pública debe ser transparente en su tarea permanente de servicio a los ciudadanos. Por eso, al realizar su tarea, el aparato público ha de mostrar al pueblo cómo trabaja, porqué adopta determinadas decisiones, cuáles son sus derechos y, también, cuáles son sus deberes y obligaciones para con la cosa pública. En este escenario, los resultados no han estado a la altura de las circunstancias ni de la amplitud del debate.
Las realizaciones son escasas y subsisten numerosos problemas en cuanto a la manera de poner en práctica la transparencia, sobre todo en los Gobiernos y Administraciones municipales, cuyos servicios son muy diferenciados y mantienen relaciones múltiples con las Administraciones del Estado y de los Entes autonómicos, federales o regionales. En este punto es esencial destacar que el concepto de transparencia no es contradictorio, como a veces se piensa, con el de eficacia. Para alcanzar esa deseada Administración transparente, esa caja de cristal accesible a todos los ciudadanos, es necesario programar la actividad y, por tanto, tomar decididamente la vía de la racionalización de los procedimientos, que inevitablemente conduce a una mayor eficacia. Programación y racionalidad que normalmente hacen previsible y cognoscible con facilidad la actuación de la Administración, actuación que, por otra parte, ha de estar siempre inspirada en el principio de continuidad de los servicios y actividades públicas.
La transparencia es, por tanto, una condición transversal de la actuación administrativa desde que se decide hasta que se confecciona y se da público conocimiento de los actos y resoluciones administrativas. O, lo que es lo mismo, la transparencia ha de estar presente en todo el proceso de las políticas públicas, desde su determinación y análisis hasta su implementación y evaluación. La transparencia es una propiedad de la actividad pública en un Estado democrático. La transparencia, como tantas materias que jalonan la reforma institucional y la regeneración democrática que precisamos, es más sencilla de implementar en los Gobiernos y Administraciones públicas de tamaño medio por obvias razones.
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