El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) considera que el Ayuntamiento de Santa Cruz está obligado a indemnizar a Emmasa por el retraso en aplicar la revisión del Indice de Precios al Consumo (IPC) en las tasas de los años 2012 y 2016, una cantidad que se fijará ahora en la ejecución de la sentencia, que ya es firme.
La reclamación de daños y perjuicios de 2019 fue desestimada por silencio administrativo y en la misma se exigía una compensación por el perjuicio causado al no aprobarse a tiempo la actualización de las tasas por el servicio de alcantarillado y depuración y vertido de aguas negras residuales y pluviales.
La empresa cuantificó en un máximo de 58.500 euros y un mínimo de 47.500, más intereses, el daño producido por este retraso en 2012, y en cuanto a 2016 serían 87.500 euros de principal o como carácter subsidiario 69.000, más los intereses.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas