Prestaciones sociales

Las prestaciones sociales, las atenciones sanitarias y las políticas educativas son bienes de carácter básico que un Gobierno debe poner entre sus prioridades políticas, de manera que la garantía de esos bienes se convierta en condición para que una sociedad libere energías que permitan su desarrollo y la conquista de nuevos espacios de libertad y de participación ciudadana. Este conjunto de prestaciones del Estado, que constituye el entramado básico de lo que se denomina Estado del bienestar, no puede tomarse como un fin en sí mismo. Esta concepción se traduce, así ha acontecido estos años, en una reducción del Estado al papel de suministrador de servicios, con lo que el ámbito público se convierte en una rémora del desarrollo social, político, económico y cultural, por supuesto opaco e impermeable a toda forma de participación real. Además, una concepción de este tipo se traduce no en el equilibrio social necesario para la creación de una atmósfera adecuada para los desarrollos libres de los ciudadanos y de las asociaciones, sino que conduce, así ha acontecido, a una concepción estática que priva al cuerpo social del dinamismo necesario para liberarse de la esclerosis y conservadurismo que acompaña a ese pensamiento único que se ha apoderado del interés general.

Las prestaciones, los derechos, tienen un carácter dinámico que no puede quedar a merced de mayorías clientelares, anquilosadas, sin proyecto vital, que puede llegar a convertirse en un cáncer de la vida social. Las prestaciones del Estado tienen su sentido en su finalidad. Veamos. Nos sirve de ejemplo, por supuesto, la acción del Estado en relación con los colectivos mas desfavorecidos, en los que -por motivos diferentes- contamos a los marginados, los parados,los minusválidos, los incapacitados, los pobres y los mayores. Las prestaciones del Estado nunca pueden tener la consideración de dádivas mecánicas. Más bien, el Estado debe proporcionar con sus prestaciones el desarrollo, la manifestación, el afloramiento de las energías y capacidades que se esconden en esos amplios sectores sociales y que encuentran su manifestación adecuada y proporcionada en la aparición de la iniciativa individual y asociativa. Esta cuestión es de gran relevancia y muy difícil de resolver en la práctica.

Por una parte, porque la tendencia al clientelismo sigue siendo, a pesar de los pesares, y del tiempo transcurrido, una tentación muy fuerte para los partidos políticos y sus dirigentes. Y, por otra, porque en ocasiones nos encontramos con personas concretas o determinados colectivos que no quieren ser subsidiados, que no quieren usar los medios públicos existentes para aliviar necesidades perentorias y muy graves. Tal constatación entra de lleno en el meollo de la problemática de los derechos sociales fundamentales y desde el Derecho Administrativo es menester buscar soluciones.