Tres años es mucho tiempo. Y, si se trata de una cuestión de inversiones, una eternidad, ya sea el afectado un propietario que, simplemente, quiere levantar una vivienda o una promotora que va a destinar millones de euros a la construcción de una promoción, por poner solo dos ejemplos. No es la primera vez que las patronales de la construcción critican abiertamente los retrasos de años en informar y conceder, o denegar, una licencia de obra mayor.
Sin embargo, el atasco en algunos sitios es monumental, a tenor de las cifras facilitadas por las propias Administraciones y responsables políticos. En el caso de Granadilla de Abona, que después de Arona es el municipio más potente de la Comarca, tanto desde el punto de vista económico como de población, este cuello de botella se eleva hasta los tres años, según ha revelado su alcaldesa, Jennifer Miranda (PSOE), recién llegada, en una entrevista radiofónica en Onda Tenerife.
Esto significa que, desde que un particular o una empresa solicita poner en marcha un proyecto hasta que le llega la autorización, se tarda la friolera de treinta y seis meses, el mejor elemento de disuasión que puede haber para cualquier inversor, ya que durante ese tiempo no sabe cuál será el veredicto final paras su proyecto. “Nos hemos encontrado una situación mucho más dramática de lo que yo me temía en los servicios técnicos municipales”, asegura esta regidora que tomó posesión el pasado mes de junio y que explica que una de sus primeras tareas fue “hacer un diagnóstico exhaustivo de la situación real”, lo que ha supuesto tener conocimiento de que el atasco se traduce en 404 licencias pendientes de informar por parte de los responsables técnicos, tanto en suelo rústico como urbano.
“Ahora mismo se ha empezado a informar de las licencias que se presentaron en 2020, lo que quiere decir que la situación es grave, ya que eso supone que hay ciudadanos que se cansan de esperar por una decisión municipal”, asegura la alcaldesa. Jennifer Miranda insiste en que “no estamos hablando de otros trámites, sino únicamente de solicitudes de licencias de vecinos que quieren construir su vivienda o de inversores que se van de Granadilla” a municipios vecinos, como San Miguel de Abona o a otros en los que la situación de la gestión es más ágil, como Adeje. Ese motivo ha llevado al Ayuntamiento de Granadilla de Abona a poner en marcha un plan que, entre otras medidas, ha supuesto “un nuevo criterio de resolución de los expedientes que más afectan al derecho a la propiedad”, así como la creación de un grupo específico que se encarga de otros trámites más sencillos y fáciles.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas