Tras las elecciones del 23J el debate sobre el modelo territorial vuelve al candelero. Un debate, es fuerza reconocerlo, que es planteado por los partidos de los que parece que pende en buena medida la gobernabilidad en España. Un debate que preocupa realmente a millones de españoles en un contexto de desprotección de las mayorías y de dominación de las minorías que polariza la política española en estos días. El modelo autonómico, desde el que se propugnan marcos de integración cada vez más amplios, parte de un respeto absoluto a las peculiaridades diferenciales en tanto en cuanto no son concebidas como barreras, y por tanto obstáculos, para aquella integración que reclama el artículo 2 constitucional, de la que nuestras sociedades tantos beneficios pueden obtener. En este sentido, ante la nueva ofensiva nacionalista hay que buscar soluciones argumentadas y razonadas desde el espíritu constitucional, que las hay y bien sólidas.
En efecto, lo que separa a los partidarios del régimen constitucional de los nacionalistas es que la afirmación de la identidad propia no nos cierra celosamente sobre nosotros mismos, sino que desde esa identidad es desde donde tomamos conciencia de España, y es en ella, desde su peculiaridad y con todo lo que representa, como nos sumamos a este proyecto colectivo de alcance general que llamamos España. Este es uno de los grandes retos a que nos enfrentamos. Por eso, si no se produce con un impacto social notable una integración de esta clase la sociedad española estará abocada a una fractura política difícilmente subsanable, como la realidad actual constata. El efecto negativo que la formulación nacionalista, en sus planteamientos soberanistas de cualquier tipo, produce, será superado cuando las comunidades autónomas gobernadas por el nacionalismo asuman el principio de integración de forma equilibrada y moderada, evitando los excesos, vengan de donde vengan. Tal integración no será posible si en las demás comunidades no se supera el recelo, el miedo o la simple antipatía ante los hechos diferenciales. Admitir una reacción social negativa ante el hecho de que cada uno sea y se manifieste como es, pone en evidencia un respeto precario, o selectivo, por la libertad individual y colectiva.
Cataluña debe ser plenamente Cataluña, y no necesita debilitar su integración en España para lograrlo. El País Vasco ha de ser plenamente lo que es, no podría ser de otro modo, pero tal cosa no significa que deba producirse una “euscaldunización” obligada de quienes allí residen. Antes bien, tal proceso debe -si fuese pertinente- formularse como un proyecto ilusionante, abierto, y ante todo libre, sin el que incorporarse a él tenga que significar necesariamente la aceptación de un criterio político único, el nacionalista. La potenciación de la propia cultura, obligada por nuestra Constitución, no puede interpretarse, ni por unos ni por otros, como un corsé que ahogue las libertades políticas. Al final la cuestión de la pluralidad de España se reconduce a la cuestión central de nuestra libertad, a que cada Comunidad Autónoma sea lo que es y como es, o la quieran hacer quienes allí viven. Desde la libertad y de la solidaridad, desde la libertad solidaria, es posible construir una España plural. O, expresándolo tal vez mejor, la realidad plural de España sólo puede ser aceptada y afirmada auténticamente desde el fundamento irrenunciable de la libertad y la solidaridad.
