La Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer); la Federación Turística de Lanzarote (FTL); la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) lamentan que el Gobierno de Canarias tenga que devolver a la Administración General del Estado “casi siete millones de euros consignados en la anterior legislatura” para la rehabilitación de infraestructuras turísticas por no haberlos ejecutado en plazo. “Las infraestructuras turísticas no solo están al servicio de quienes nos visitan”, recalcan las patronales, “sino también de los residentes de las Islas, que tienen el mismo derecho a disfrutar de ellas, ya que se costean con presupuestos públicos financiados con impuestos”.
En un escrito conjunto, transmiten su preocupación por “este tipo” de informaciones: “Desde el sector privado, los empresarios turísticos estamos haciendo un esfuerzo ímprobo por mantener nuestras instalaciones en un nivel óptimo, una circunstancia que influye positivamente en la mejora del destino y, después, nuestro representantes y administraciones no cumplan con su deber de ejecutar las cuantías consignadas para rehabilitar el espacio turístico público por una dilación en la gestión”. Las citadas organizaciones instan al Ejecutivo Gobierno regional, y en especial al nuevo equipo al frente de la Consejería de Turismo, a hacer “el mayor esfuerzo por mejorar la gestión”. Entienden que es preciso elevar el presupuesto autonómico para 2024 en materia de infraestructuras públicas. En tal sentido, se preguntan: “¿De qué sirve tener los mejores hoteles si el turista sale a la calle y los espacios que transita y sus instalaciones no están al mismo nivel?”.
En otras ocasiones, las patronales turísticas de Canarias ya pusieron de manifiesto que el presupuesto consignado en sucesivas legislaturas al área de Turismo y, particularmente, a las infraestructuras públicas es “ínfimo en comparación con lo que genera el sector”. En los presupuestos de 2023, ilustran, se destinaron 125 millones de euros, de los cuales 23 se asignaron al Plan de Infraestructuras Turísticas. “A pesar de que han crecido en los últimos años”, estas cuantías les parecen claramente insuficientes “en comparación con los aproximadamente 2.700 millones que ingresan cada año las arcas públicas autonómicas, procedentes de los impuestos que abona la actividad turística, el principal motor de la economía canaria”.
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