Cien días, cien

Cien días ya, cien. Los ha cumplido la acción de gobierno del actual Ejecutivo autonómico. Era el periodo que pidió el presidente, Fernando Clavijo, para evaluar y demostrar su gestión, de acuerdo con el viejo convencionalismo político. De Gobierno único ha presumido Clavijo, gestión “pura y dura”, a la que ha faltado alguna dosis de autocrítica, aunque a eso –conociendo los antecedentes y las trayectorias de los actuales gobernantes- habrá que irse acostumbrando, pues no parecen muy dados los partidos coligados a hacer reflexiones públicas o análisis útiles en ese sentido.
No ha sido una gestión sobresaliente, condicionada por algunos hechos como las emergencias en los campos climático, energético e hídrico, además del repunte de las migraciones procedentes de países africanos, y de la renuncia como director general de Infraestructuras Educativas, Fernando Miñarro, bendecida, por cierto, por el factótum de Asamblea Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo. Sin olvidar, ya que estamos, de los incendios forestales y de un cero energético. Precisamente, un enfoque más dialogante con la Administración General del Estado (AGE), sabiendo que estamos ante un problema de muy complicada solución, el drama migratorio, vía marítima, no se ha visto desbordado, aunque las cifras, la frecuencia de las llegadas, las imágenes dolorosas, la insuficiencia de recursos para la acogida y atención, junto a la carencia de políticas comunitarias operativas y específicas, ponen al desnudo la envergadura del problema que no se termina de arreglar.
El Gobierno de Canarias tendrá que esmerarse para acreditar que la gestión puede mejorar y presentar hechos más granados y sustantivos, políticamente hablando. Ya se pueden imaginar a los técnicos de economía y hacienda reventando calculadoras e ideando malabares con cifras y porcentajes para reducir el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), una carga fiscal que grava las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por empresarios y profesionales de manera habitual u ocasional, considerado, por sus grandes similitudes, como tributo gemelo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En cualquier caso, por ahora, después de lo mucho que fue aireado en campaña electoral, por ahora estamos ante el primer gran incumplimiento del actual ejecutivo que, a estas alturas, sabe de sobra que una cosa es ofertar estas reducciones fiscales y luego, cuando hay que presupuestar, cumplirlas.
¿Qué habrá sido de aquel cacareado y recurrente adelgazamiento administrativo? La gente no es que se ilusione mucho con propósitos como ese, disminuir el peso burocrático y la carga del gasto público derivado de una estructura administrativa que los partidos ignoran sistemáticamente una vez que acceden al poder y han de satisfacer las demandas de quienes entran en el ruedo político con claras intenciones de procurarse un empleo. No se ilusiona, vale, pero confía en mitigar las antipatías que, en general, se ganan quienes buscan y encuentran una salida a su situación sociolaboral. Entonces, cuando se hace lo contrario y se sabe, por ejemplo, que hay cincuenta y dos cargos públicos más que en la pasada legislatura, aquel pretendido adelgazamiento, tras evaporarse, se convierte en papel mojado. Dos hechos más que han acentuado las críticas al Gobierno, ambos en forma de decreto: por un lado, suprimir un impuesto que solo afecta al 0,3 % de la población canaria; y, por otro, crear la figura del administrador general de la Radio Televisión Canaria (RTVC), designado por el Gobierno, sin que lo apruebe el Parlamento, un hecho que favorecerá el oscurantismo y la pérdida de credibilidad en el medio. Un bagaje, por tanto, pobretón, que necesita de estímulos -no propagandísticos- pero, sobre todo, de hechos tangibles y palpables que restituyan el interés por la cosa pública. Solo han transcurrido cien días, hay tiempo para corregir. Pero el ambiente político en Canarias no parece el más propicio. Demasiado conformismo y una carencia notable de ilusión motivada.